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Fiscales del caso pinchazos pueden ser sancionados

En su extenso fallo, el Tribunal de Juicio enumeró además una lista de violaciones al derecho a la defensa, presiones y ofrecimientos a testigos y peritos, fallas de procedimientos que violan el ordenamiento jurídico, así como la participación de terceras personas en labores que solo le competen al Ministerio Público.

 

El fallo del Tribunal de Juicio Oral del caso pinchazos que evidencia violaciones “fundamentales” al debido proceso y los derechos humanos, así como una “gran cantidad de inconsistencias” del Ministerio Público (MP), podría servir de base para sanciones administrativas, y hasta penales y civiles, en contra de los fiscales involucrados.

 

En su extenso fallo, el Tribunal de Juicio enumeró además una lista de violaciones al derecho a la defensa, presiones y ofrecimientos a testigos y peritos, fallas de procedimientos que violan el ordenamiento jurídico, así como la participación de terceras personas en labores que solo le competen al Ministerio Público.

 

La Ley 1 de 6 de enero de 2009, que instituye la Carrera del Ministerio Público, señala una serie de prohibiciones para los funcionarios de esta institución y advierte que además de las sanciones administrativas, los infractores podrían enfrentar procesos penales, civiles y patrimoniales.

 

La Ley prohíbe taxativamente: favorecer o discriminar en el ejercicio de sus funciones, realizar actos que violenten los fines de la administración de justicia, actuar de manera desleal anteponiendo los intereses propios a los institucionales y no informar a sus superiores de faltas o errores que perjudiquen sus funciones o a la institución.

 

“Los servidores del Ministerio Público que incurran en alguna de las causales contempladas en este Capítulo, serán sancionados conforme a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial en que pudieran incurrir por el mismo hecho”, sentencia el artículo 59.

 

Mientras que el Código de Ética del Ministerio Público exige, “como regla invariable”, que sus funcionarios respeten la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin distingo de raza, nacimiento, nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

 

Ayer el equipo de fiscales del MP, junto a los querellantes coadyuvantes del denominado caso pinchazos, anunciaron recursos de anulación y casación.

 

 

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