Gobierno asume control de Patacón

El Gobierno de Panamá asumió ayer el control temporal del vertedero de Cerro Patacón, en medio de un cruce de acusaciones con la operadora Urbalia, a la que responsabiliza de daños ambientales por $100 millones.

"Ya el Gobierno, a través de la Autoridad de Aseo, se tomó la operación de Cerro Patacón", afirmó el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien rechazó la versión de la empresa de que el contrato no finalizó a la medianoche del domingo sino que lo hará dentro de nueves meses gracias a una adenda.

Concepción también salió al paso de las acusaciones sobre el manejo improvisado de este asunto, así como a las dudas de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) esté en capacidad de operar el vertedero cuando su labor, que es la recolección, es de las más deficientes de la administración pública y mantienen a la capital sometida a crisis periódicas de amontonamiento de basura.

"No estamos improvisando, tenemos un plan de acción que cada institución está realizando. La Autoridad de Aseo no está sola, aquí convergen todas las instituciones y el ministerio, para hacerle frente a esta decisión del Gobierno", afirmó.

El subadministrador general de la AAUD, Rafael Prado de Obaldía, dijo a EFE que esta institución "está en capacidad de operar el vertedero", y que este mismo lunes se puso en marcha un plan de trabajo.

En ese sentido, el ministro Concepción dijo que la Autoridad de Aseo "va a coordinar los trabajos" en el vertedero "por un par de meses" mientras se contrata una empresa de transición, que trabajaría durante unos dos meses como operadora de Cerro Patacón, hasta que podamos culminar los términos de referencia para un contrato ya de mucho más alcance para que una empresa maneje el basurero como se merece Panamá, con tecnología".

Concepción aseguró que el mal manejo del relleno durante los 15 años de operación por parte de la concesionaria Urbalia, propiedad de la colombiana Interaseo, ha generado pasivos ambientales por $100 millones.

"Este desastre ambiental cuesta $100 millones mitigarlo y ellos tienen que pagarlo (Urbalia) y de eso no están hablando. Nos estamos preparando para que ellos sean responsables de los pasivos ambientales por el manejo durante tantos ellos de manera irresponsable" del relleno, agregó.

En enero de 2022 el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Leblanc, presentó una demanda penal contra Urbalia en la que pidió a la Fiscalía investigar hechos "reiterativos", como incendios descontrolados o deslaves de basura en una tina de oxidación, así como la posible afectación de aguas subterráneas y de ríos de la cercana Cuenca del Canal de Panamá.

Leblanc tildó entonces de inaudito que Urbalia siguiera operando el relleno pese a tener "89 procesos administrativos".

El vertedero abarca más de 130 hectáreas, pero el impacto de su toxicidad alcanza unas 9.000 hectáreas, según estudios ambientales. Varias barriadas capitalinas situadas a 3 o 4 kilómetros se ven afectadas por olores o incendios por la combustión de los desechos, según la información oficial.

El ministro de Ambiente reveló este lunes que la semana pasada se abrió "otro proceso administrativo, de tantos, y cautelarmente se suspendieron las operaciones de Urbalia".

"Urbalia está hoy día doblemente parado: primero por vencimiento del contrato y segundo porque el Ministerio de Ambiente clausuró sus operaciones por reiterados incumplimientos ambientales. Jamás han cumplido el contrato en cuanto a las normas ambientales", agregó.

Los abogados de Urbalia sostienen que el Estado debe $26 millones y que la empresa nunca obtuvo el respaldo necesario de la Autoridad de Aseo.