¡Gobierno busca cerrar medios!

Una orquestada campaña armada, aparentemente, desde las entrañas del Consejo de Seguridad busca silenciar a los medios críticos del gobierno varelista. Esta semana, de manera coordinada, se han preparado ataques contra los principales directivos de NEXtv, KW Continente y Editora Panamá América. Ya antes se encarceló al periodista Julio Miller.

Con anterioridad se habían formulado amenazas de cierre contra Epasa por ser uno de los pocos medios no adeptos al varelismo, pero el embate se frenó ante la posibilidad de que el tema fuera denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos, como Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, esta semana, las amenazas arrecieron y pusieron al descubierto la componenda del actual gobierno en conjunto con sus donantes, grupos autodenominados de la sociedad civil y medios de comunicación aliados.

Ahora los ataques van dirigidos al presidente de NEXtv, Ricardo Francolini, a quien se le quiere vincular en una trama de supuesta corrupción en la que, otra vez, aparece el nombre del expresidente Ricardo Martinelli, principal blanco del complot. La televisora es uno de los principales críticos del Gobierno y fue el único medio que no fue objeto de piquetes por los obreros del Suntracs, quienes se quejan de un cerco informativo por parte de los otros canales que no difunden las acciones del movimiento popular.

A su vez, también se ha tratado de vincular al reconocido periodista, presentador de noticias de la televisora y directivo de KW Continente Fernando Correa.

"Tengo la impresión de que las publicaciones de 'La Prensa' contra Fernando Correa tienen un matiz político-personal. Judicializan la política", escribió el abogado Neftalí Jaén.

Consultado sobre el rol de los medios adeptos al Gobierno, Jaén afirmó que pareciera que se busca condenar primero antes que probar la inocencia de los imputados.

Este ataque a la libertad de expresión no es nuevo. En agosto pasado, el periodista Julio Miller fue detenido, tras ser vinculado con el caso del sistema de riego de Tonosí.

Su caso generó rechazo entre periodistas y comunicadores, quienes se sintieron identificados con Miller, quien argumentó que solo prestó sus servicios como profesional.

Se le dictó detención preventiva y, ante la presión de familiares, amistades y ciudadanos descontentos con su situación, se le cambió la medida cautelar debido a su delicado estado de salud.

Las acusaciones o refritos periodísticos, al igual que anteriores casos, se dan en momentos en que el Gobierno es duramente golpeado por la opinión pública por asuntos como la presión de grupos aliados como el Movin para incidir en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, así como la falta de dinamización de la economía, lo que ha agudizado la crisis en pilares productivos como la Zona Libre, que el jueves realizó, por primera vez en su historia, un paro ante la crisis que ha conllevado al despido de 9,000 trabajadores.

El comentarista Roberto Morelos recordó que una situación similar hubo en 1951, cuando los panameñistas encarcelaron a un gran número de periodistas y opositores, y los resultados de esos excesos ya son conocidos.

Para el exvicepresidente Arturo Vallarino, la comunidad ya califica a los medios que realizan estos ataques como oficialistas porque se nota una coordinación entre el aparato gubernamental y estas empresas informativas "que dicen ser independientes".

En un trabajo periodístico de Epasa, se reveló que los expedientes contra funcionarios y proveedores del gobierno de Martinelli son armados en el Consejo de Seguridad Nacional.

Los procesos llegan prácticamente listos a las fiscalías, que solo se encargan de realizar las indagatorias y dictar las medidas cautelares.

A la par de recibir el Ministerio Público los expedientes, estos son expuestos en medios afines al Gobierno debido al vínculo con sus propietarios, los cuales ejercen la respectiva presión mediática para volcar la opinión pública a su favor.

Luego de que se develó ese modus operandi, el Consejo de Seguridad a cargo del militar Rolando López invirtió el proceso: manda el "paquete" a los medios varelistas, que luego los difunden, para entonces abrir procesos contra las figuras a las que quiere atacar el Gobierno.