Gobierno de Cortizo pone en jaque al sistema bancario de Panamá

El Gobierno de Laurentino Cortizo abrió la brecha del caso Odebrecht, poniendo en riesgo a todo el sistema bancario de Panamá.

El viernes pasado, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, presentó una demanda civil que incluyó un reclamo de $600 millones contra el Credicorp Bank por ser tercero civilmente responsable por los actos por los cuales fueron condenados tres antiguos colaboradores, que causaron daños morales causados a la reputación del Estado.

Esta acción se mantiene vigente, según los expertos, ya que Pino no podía proceder a retirar demanda civil contra Credicorp Bank por decisión propia y sin dar mayores explicaciones.

De acuerdo con abogados expertos en normas procesales, el artículo 1092 del Código Judicial establece que para retirar el recurso, el funcionario debe contar con la autorización del Consejo de Gabinete.

Ello ha dado pie a que se enciendan las alertas dentro del sector bancario, ya que ante la falta de una explicación en detalle, otros bancos también corren el riesgo de ser demandados civilmente.

Tampoco la Superintendencia de Bancos de Panamá ha querido profundizar en la polémica que ha puesto apuros a otros cuatro bancos más.

Dentro del expediente del caso Odebrecht, el Credicorp Bank no fue el único banco de la plaza panameña por donde la constructora brasileña movió el dinero. En el expediente del caso también ha registros, transacciones y cuentas que Odebrecht y sus filiales realizaron por Banco General, Global Bank, Multibank, y Banco Panamá.

Este grupo de bancos locales se vieron obligados a entregar todos los movimientos de los investigados en el expediente del caso Odebrecht, entre los que sobresalen las cuentas de Active Capital de Juan Antonio Niño, y las de Jaime Lasso y Michell Lasso en Banco Panamá. Los Lasso también manejaron cuentas en Banco General y Global Bank, según información del expediente Odebrecht.

La demanda civil obligó al Credicorp Bank y a la Superintendencia de Bancos de Panamá a emitir dos comunicados, sin profundizar en el problema y que no atienden las interrogantes y el nerviosismo de cuentahabientes.

“En nuestro mayor interés de actuar con transparencia ante un hecho público que relaciona a nuestra entidad con investigaciones del caso Odebrecht y por el respeto que merecen nuestros clientes, colaboradores y partes interesadas, comunicamos lo siguiente: El banco no ha sido imputado por hecho alguno, ni en este momento ni a lo largo de nuestra historia. Estamos en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones, atendiendo todos los procesos de supervisión de los entes reguladores, por lo que el banco mantiene sus operaciones con total normalidad”, señaló ayer el Credicorp Bank.

En tanto, la Superintendencia Bancos de Panamá indicó que en su rol de promover la confianza pública en el sistema bancario, y en atención a las publicaciones que han circulado desde ayer, en distintos medios de comunicación del país, las cuales hacen referencia a acciones legales interpuestas contra un banco de licencia general de la plaza panameña, y el posterior retiro de tales acciones, tiene a bien comunicar al público en general que, este ente regulador y supervisor de la actividad bancaria, ha estado atento a fin de mantener la estabilidad del sistema bancario.

A la fecha de este comunicado, el banco mantiene sus índices de liquidez y solvencia por encima del mínimo legal requerido, conforme a lo establecido en el régimen bancario.

“Reafirmamos el compromiso de la Superintendencia de Bancos de supervisar y vigilar las operaciones de las entidades bancarias con el fin de proteger a los clientes de los servicios bancarios”, señaló la Superintendencia de Bancos.

El Credicorp Bank cuenta con activos por $2,585 millones, 16 sucursales y 674 empleados.