Gobierno de Panamá decreta Programa de Retiro Voluntario
Panamá promulgó ayer el Decreto Ejecutivo 204 que adopta un Programa de Retiro Voluntario para los servidores públicos, una medida de austeridad que busca ahorros del 10% en la planilla estatal que para el año 2023 asciende a $6,836 millones, una cifra superior en $270 millones en comparación con el presente año.
La medida podrá ser adoptada por los servidores que opten voluntariamente en renunciar al cargo que actualmente desempeñan en ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas e intermediarios financieros.
Para aplicar se debe contar al menos dos años de servicios; presentar su solicitud de retiro voluntario a más tardar el 15 de noviembre de 2022.
A los que se acojan al programa se les otorgará un bono que será calculado de acuerdo a los años continuos laborados y conforme al salario devengado al 30 de junio de 2022, y no será considerada ninguna otra remuneración.
El bono se pagará en base a la siguiente tabla: de 2 años y un día hasta 3 años de trabajo un bono equivalente a tres meses de salarios; de 3 años y un día hasta 4 años un bono de cuatro meses de salarios; de 4 años y un día a 5 años un bono de 5 meses de sueldo y a partir de 5 años y un día una suma equivalente a meses de salarios.
Entre las medidas de austeridad del gobierno figura la instauración de un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal que hasta abril era de 249,101 funcionarios, excluyendo 81 municipios (13,962 servidores) y patronatos (9,738).
Los interesados en acogerse al Programa deben hacer la solicitud ante la institución en la que laboren. La Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad, brindará un formulario al cual el interesado adjuntará una certificación que acredite el tiempo laborado en la institución pública y carta de renuncia, indicando que se hará efectiva al momento que se le notifique de la resolución por medio de la cual se aprueba el retiro voluntario.
El funcionario que se acoja al programa de Retiro no podrá ser nombrado como personal fijo, ni contratado nuevamente como personal transitorio, contingente o por servicios especiales en el sector público. Para que pueda ocupar un cargo público remunerado, deberá devolver al Tesoro Nacional, además del monto del bono recibido, los intereses establecidos en el artículo 1072-A del Código Fiscal, desde el momento que lo recibió hasta la devolución, a excepción de quienes resulten electos para ejercer cargos de elección popular.
No podrán acogerse al programa los funcionarios que ocupen cargos de elección popular; o miembros de la Fuerza Pública, del io de Protección Institucional juramentados y los permanentes del Cuerpo de Bomberos.
Tampoco aplica el personal de carrera diplomática y consular; los servidores públicos que prestan servicios temporales de manera transitoria, contingente; personal que presta servicio bajo las modalidades de consultoría, inversión o servicios especiales.
Otro grupo que no podrá acogerse al Retiro Voluntario son: ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales, administradores generales, subadministradores generales, gerentes de empresas públicas, subgerentes de empresas públicas, superintendentes de intermediarios financieros, secretarios generales, directores nacionales, subdirectores nacionales, directores provinciales, asesores y personal inmediatamente adscrito a las autoridades nominadoras.
También se excluye a los servidores públicos que sean objeto de investigación por proceso disciplinario o por orden de autoridad judicial, hasta tanto concluya dicha investigación o resulten sancionados; los funcionarios que laboren en instituciones que cuenten con un propio programa de retiro voluntario previo a este decreto ejecutivo; los servidores públicos que laboran en empresas públicas que se rigen bajo las normas del Código de Trabajo y los que hayan sido beneficiados con algún programa de retiro voluntario en otro momento.
El exministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman destacó que reducir 27 mil funcionarios de la planilla pública representaría un recorte de $500 millones en el flujo de ingresos y eso va en contra de la demanda y desacelera el crecimiento económico.
En 1992, como parte del llamado "Plan Ford" se aplicó un Programa de Retiro Voluntario que concedió 12 meses de salarios a los que se acogieron a esa iniciativa.
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