GUPC mantiene ultimátum contra ampliación
El consorcio encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá, liderado por la española Sacyr, reiteró que mantiene el ultimátum que dio a la administración
El consorcio encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá, liderado por la española Sacyr, reiteró que mantiene el ultimátum que dio a la administración de la vía acuática de suspender las obras a partir del lunes próximo, informó hoy una fuente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La fuente dijo a Efe que "en efecto" antenoche recibieron una carta del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en la que el consorcio reitera que el preaviso de suspensión de los trabajos que dieron el pasado 30 de diciembre sigue en pie.
Frente a esto, la Autoridad del Canal de Panamá, a su vez, mantiene su posición de que esa amenaza de suspensión "no tiene sustento en el contrato", precisó el informante.
"Efectivamente, la recibimos, la ACP mantiene su posición y ellos (los contratistas) verán qué van a hacer", añadió. El consorcio, integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, mantiene así su reclamo a la ACP del pago de $1,600 millones en sobrecostos, que lo han dejado sin flujo de caja, para poder continuar con los trabajos, lo que no reconoce el Canal.
La fuente, por su parte, aseguró que el lunes "para efectos prácticos, no va a pasar nada, todo seguirá igual", pero matizó que la ACP va a estar vigilante de "cómo se produce en el terreno esa suspensión" de los trabajos, que de hecho están a un 30% desde hace varias semanas, según la administración del Canal.
Agregó que el próximo paso que dará la Autoridad del Canal de Panamá, de la mano de su administrador Jorge Quijano, es una reunión el martes 21 con la aseguradora Zurich Internacional.
Zurich Internacional, que tiene unos $600 millones de la fianza que depositó GUPC para iniciar la obra en 2009, es una de las primeras alternativas que tiene la ACP para terminar la ampliación en caso de que los contratistas la abandonen.
Cálculos preliminares
El martes pasado, la Autoridad del Canal aseguró que tiene acceso a los cerca de $1,500 millones que le costaría, según cálculos preliminares, culminar la ampliación de su cuenta.
La construcción de las nuevas esclusas, obra que obtuvo el GUPC en una licitación en 2009 por $3,118 millones, tiene un avance del 65%. El Canal ha desembolsado $2,831 millones, incluidos 784 millones en anticipos reembolsables, además de $180 millones en costos adicionales justificados.
Una paralización de actividades, con las consiguientes demoras en la finalización de las obras, tendría repercusiones internacionales, pues aplazaría la llegada de barcos más grandes y de tarifas más altas a puertos de la costa este de Estados Unidos. Los barcos conocidos como Post-Panamax tienen una capacidad que es más del doble que la de los barcos que cruzan el canal hoy.
Construcción
En Miami las autoridades portuarias están construyendo un canal de casi 13 metros (42 pies) de profundidad, un túnel para autos y camiones y haciendo otras mejoras a su infraestructura que se completarán en el 2015, cuando supuestamente se debe terminar la expansión del Canal, que ya fue postergada una vez.
“Siempre hay sobrecostos en estos grandes proyectos'', dijo a AP el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard en Estados Unidos y experto en el canal, Noel Maurer, en un correo electrónico. “El proyecto original del Canal, por ejemplo, costó 3.3 veces lo previsto''.
Un temor que hay es que un cambio de mando a esta altura de los trabajos prolongue aún más la fecha para la conclusión del proyecto, reprogramada para junio de 2015, nueve meses más tarde de lo previsto originalmente.
Gobierno Italiano
Mientras, el Gobierno italiano expresó su deseo de que "se restablezcan las condiciones" para que las empresas que participan en la ampliación del Canal de Panamá puedan proseguir las obras y que concluyan en un breve plazo de tiempo, pues suponen un proyecto "estratégico" para la economía mundial.
En un comunicado, el Gabinete del socialdemócrata Enrico Letta informó además de que ha activado sus contactos con los Gobiernos de los países con intereses en el proyecto y con las entidades que financian la ampliación del Canal, en la que participa la constructora italiana Salini Impregilo.
Los grandes puntos de desacuerdo entre la ACP y GUPC siguen sin resolverse y parecen ir camino del arbitraje. En un comunicado remitido a “EL PAÍS”, la ACP responsabiliza al consorcio de los problemas y llega a acusarle de “falta de control de calidad adecuado”, mientras que el grupo español responde que los trabajos han sido “impecables”.
El grueso de los sobrecostos de las obras de ampliación del Canal de Panamá viene de tres factores: la construcción de la ataguía o presa provisional, las propiedades del basalto y las especificaciones del hormigón, según explicó Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con respecto a la ataguía, Sacyr aseguraba que la información de la ACP decía que se podía cimentar a 6 metros bajo el nivel del mar, pero había lodo que hubo que dragar, se tuvo que cimentar a 13 metros bajo el nivel del mar y la ataguía fue más ancha y alta de lo previsto. La ACP replica que su reclamación de 120 millones de dólares fue rechazada por la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés), que concluyó que la ataguía no es una estructura de las nuevas esclusas, sino que fue construida por decisión de GUCP como parte de su metodología de trabajo. Añade que la información sobre las condiciones de terreno y dragado estaba incluida en el pliego y que el contrato establecía que esas condiciones físicas eran responsabilidad del contratista.
Sacyr reclamó otros 497 millones de dólares porque el basalto de las excavaciones del lado del Pacífico no servía para el hormigón a utilizar en las esclusas, en contra de lo que decían los documentos de la licitación, según su versión. La ACP rechazó la reclamación en mayo de 2013. El Canal dice que dejó claro el tipo de basalto que se encontraría en el área, pero que el consorcio debía probarlo antes de comprar su planta para saber qué tipo de equipo debía utilizar en el proyecto. “Esa era su responsabilidad. El contrato claramente establecía que la ACP no era responsable de garantizar que el basalto fuera el adecuado o el necesario para utilizar en el proyecto. En ninguna parte del contrato se indica que le correspondía a la ACP garantizar el tipo de basalto que se encontraba en el área. Era responsabilidad de GUPC seleccionar y procesar el material de la manera más adecuada para que cumpliera con los requerimientos de la ACP”.
La razón de los problemas, según el Canal, es que por “la falta de control de calidad adecuado, GUPC contaminó el basalto durante las perforaciones y voladuras iniciales, ya que no lo segregó, como sugiere la práctica”. “A partir de que comenzaron a excavar el material de la manera correcta, no ha tenido problema y continúan utilizándolo”, añade la ACP, que subraya que el consorcio ha utilizado en la construcción de las nuevas esclusas el basalto encontrado en el área, incluyendo los componentes finos, “contradiciendo su propio argumento contra el material”.