Henríquez: Defensora del Pueblo tiene sus días contados

Panamá
Efe
 La Defensora del Pueblo de Panamá, Patria Portugal, tiene los días contados en el cargo por haber pagado precios "exagerados" por servicios contratados de forma directa a dos empresas vinculadas a una misma familia, opinó hoy el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
"Siento que estamos probablemente en el principio del fin de su permanencia" al frente de la Defensoría del Pueblo, un organismo creado en 1997, dijo este viernes Henríquez al programa Telemetro Reporta.
Portugal, que fue elegida en marzo de 2011 por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional (AN), dominada por el oficialismo, compareció ayer ante ese organismo público para responder por las polémicas contrataciones, por un total de 450.000 dólares, en una comparecencia que no despejó las dudas, afirmó el ministro panameño.
"Queda pendiente si, en efecto, se han pagado sobrecostos enormes para la adquisición de un par de servicios (...) no se recibe una satisfactoria explicación de por qué se han pagado costos tan alto de servicios que en Panamá nunca han costado tanto, ni siquiera una fracción de esa suma", afirmó Henríquez.
El ministro de la Presidencia y excanciller panameño cuestionó además la actitud de "retar al foro" parlamentario con que la Defensora del Pueblo se presentó el jueves ante los diputados que, dijo, tienen en sus manos el futuro de Portugal en el cargo público.
Portugal negó ayer ante los legisladores que su despacho haya incurrido en alguna irregularidad por la firma, en marzo de 2012, de un contrato por 250.000 dólares para mejorar la imagen de la institución ante la sociedad panameña, y el otro en agosto de ese mismo año por 200.000 para un programa de atención al usuario.
La funcionaria, que asumió el cargo para el período 2011-2016, añadió que no piensa renunciar y que esperará por lo que decida el Parlamento, que se espera conforme la próxima semana una comisión para analizar el caso.
Para Henríquez, el problema con el caso de Portugal es moral, porque "desde el punto de vista legal (...) la adquisición de los servicios se ha cumplido" de acuerdo a las normas, y "lo que se cuestiona es el costo que se considera exagerado".
"El problema es más bien moral en una posición en la que se exige un estricto código de conducta", añadió.A