Informe 2024: Panorama complejo para los Derechos Humanos en Panamá
La reforma al sistema de seguridad social, el combate a la violencia y la mejora de las condiciones en los centros educativos son tareas impostergables que requieren compromisos intersectoriales.
Panamá enfrenta desafíos significativos en la promoción y protección de los derechos humanos, pero también cuenta con logros y oportunidades únicas para construir un país más equitativo y justo.
"Este informe no es solo un diagnóstico; es un llamado a la acción para transformar nuestras instituciones, fortalecer nuestro sistema democrático y garantizar que nadie quede atrás", expresó Eduardo Leblanc durante la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Panamá 2024.
El análisis general del informe 2024 revela un panorama complejo, lleno de desafíos estructurales que afectan tanto a la población en general como a los grupos más vulnerables.
Persisten carencias significativas en servicios esenciales como salud, educación, agua potable y manejo de residuos, exacerbadas por una gestión pública insuficiente y la falta de recursos, lo que afecta principalmente a los sectores más desfavorecidos.
En primer lugar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Panamá enfrentan desafíos como el acoso escolar y la desigualdad educativa en las regiones rurales y semiurbanas.
Además, el embarazo adolescente sigue siendo un problema, con más de 4,000 adolescentes entre 15 y 17 años que han sido madres, perpetuando el círculo de pobreza, especialmente en comarcas como Ngäbe-Buglé. Las niñas migrantes también enfrentan altos riesgos de violencia sexual.
En cuanto a la violencia de género, los femicidios y la falta de recursos para albergues son preocupaciones graves. "Es fundamental contar con un Ministerio Público que tenga las herramientas necesarias para la investigación y un Ministerio de la Mujer con políticas claras", afirmó el Ombudsman.
Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar programas que promuevan la masculinidad positiva, transformar las normas culturales que perpetúan la violencia de género, involucrar a los hombres desde temprana edad en la solución de este problema y aumentar el presupuesto para refugios, así como garantizar la implementación de brazaletes electrónicos.
Respecto al acceso al agua potable, expresó que se refleja una crisis persistente que afecta tanto a las comunidades rurales como urbanas, debido a la falta de infraestructuras como potabilizadoras y líneas de conducción, lo que agrava las condiciones de vida, higiene y salud de la población.
Por otro lado, los vertederos a nivel nacional generan graves problemas de contaminación del suelo, aire y agua, afectando directamente la salud de las comunidades cercanas. La inexistencia de un plan integral que promueva la separación de residuos en la fuente, el reciclaje y el tratamiento de lixiviados y gases agrava aún más esta situación.
En cuanto a las personas con discapacidad, a pesar de los avances legales, enfrentan barreras críticas como la falta de accesibilidad en espacios públicos y servicios, la educación insuficiente y la discriminación laboral, lo que limita su inclusión, señaló el Ombudsman.
De igual manera, Leblanc indicó que los pueblos originarios carecen de acceso a servicios básicos y enfrentan desigualdades en la atención de salud. Es necesario repensar las ayudas económicas dirigidas a estas comunidades, acompañándolas de programas de formación que fortalezcan la autogestión y la gobernanza, lo que les permitirá participar activamente en su propio desarrollo y reducir la dependencia estructural.
El Ombudsman también destacó que las personas que viven con VIH enfrentan discriminación y estigmatización, pese a avances legales como la Ley N.º 40 de 2018, que establece un marco para la atención integral. Sin embargo, la limitada difusión y aplicación de esta ley obstaculiza la implementación de políticas públicas con enfoque de género, perpetuando barreras en el acceso a servicios de salud adecuados.
Asimismo, las personas mayores en Panamá enfrentan vulneraciones significativas, especialmente en áreas como el acceso a la salud, la seguridad social y la vivienda digna.
Las personas privadas de libertad en Panamá también sufren graves vulneraciones, destacándose el hacinamiento extremo, condiciones inadecuadas de infraestructura, falta de acceso a servicios básicos como agua potable y alimentación, y atención médica insuficiente, especialmente para enfermedades crónicas y mentales.
Estas carencias reflejan incumplimientos de estándares internacionales como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.
Para enfrentar esta realidad, es imprescindible priorizar un enfoque integral y diferenciado en las políticas públicas, garantizando que los derechos humanos se conviertan en el eje central del desarrollo del país. Esto implica fortalecer las instituciones encargadas de su promoción y protección, asegurar la participación activa de la sociedad civil y la implementación efectiva de recomendaciones internacionales, como las derivadas del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.
Además, Leblanc manifestó que se deben abordar las brechas existentes en servicios esenciales como salud, educación, sanidad básica y agua potable, con especial énfasis en las comunidades rurales y comarcales.
La reforma al sistema de seguridad social, el combate a la violencia y la mejora de las condiciones en los centros educativos son tareas impostergables que requieren compromisos intersectoriales.
Finalmente, es crucial que Panamá adopte un liderazgo regional en la protección de los derechos humanos, no solo consolidando su marco normativo interno, sino también asumiendo compromisos internacionales, como la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
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