Los lujos del ‘Cartel de Los Galleros’

Los lujos del ‘Cartel de Los Galleros’

Los lujos del ‘Cartel de Los Galleros’

Los lujos del ‘Cartel de Los Galleros’

Los lujos del ‘Cartel de Los Galleros’

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Los integrantes del llamado “Cartel de los Galleros” hacían alardes de sus lujos y derroche de dinero.

Los cabecillas Manuel Antonio Domínguez Walker y Alberto Luis Chávez Chen se paseaban en Lamborghini por las calles de La Villa y posaban recostados sobre la tapa delantera de la nave tomando caros licores a pico de botella.

El grupo gozaba de la vida loca. Los cumpleaños personales los celebraban en el jardín Don Beto, convocando a los mejores artistas del patio, al mejor estilo de los capos colombianos y mexicanos.

La única mujer investigada, la bella abogada Roxana Norato Samaniego, de 32 años, subía a las redes sociales fotos de pulseras de oro, relojes marca Rolex, autos de lujo que conducía, zapatos Louis Vuitton, fina ropa y accesorios.

Roxana fue asistente adjunta de la Defensoría del Pueblo, donde laboró desde el 2006 al 2012. Tiene 32 años y declaró ante la audiencia de imputación de cargos que se dedicaba a trámites legales y alquiler de equipo pesado a través de la compañía Administración de Construcciones Civiles.

Para la fiscalía, la bella chica formaba parte del segundo nivel de la organización que traficaba drogas vía Los Santos y Chiriquí. Ella reveló que lograba ingresos mensuales de hasta $5,000.

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A Roxana le concedieron arresto domiciliario y la obligación de reportarse los lunes, miércoles y viernes a la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares.

En la audiencia de ayer, la fiscalía solo pidió medida cautelar de casa para cárcel para el jubilado Ernesto Ricardo Bowen, de 70 años, que informó que recibe una pensión de $600. El señor es padrastro de Manuel Antonio Domínguez Walker, quien lo utilizaba como testaferro para inscribir autos lujosos como Lexus, Mercedes Benz y Lamborghini. La jueza del caso le otorgó una medida de notificación periódica una vez a la semana.

Durante la jornada del miércoles, Eduardo Vásquez, asistente del alcalde de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez y jefe de festejos de La Villa, dijo que había que salir a tocar puertas para recaudar fondos para sufragar gastos del Carnaval o fiestas patronales.

Para los Carnavales de 2017, la Alcaldía de Los Santos le hizo un reconocimiento público a Manuel Antonio Domínguez Walker, para reconocer su “respaldo incondicional” a la organización de la rumba. Gracias “Tony” Domínguez por su apoyo de corazón hoy, mañana y siempre, exclamaba un funcionario mientras entregaba un pergamino al jefe del “Cartel de los Galleros”.

Para esos días hubo en el jardín Don Beto, propiedad del No.2 de “Los Galleros”, un “Parking Lounge del Carnaval de La Villa de Los Santos 2017”, donde el “ticket” VIP tenía un costo de $20 y estaban a la venta en TicketPlus. 

Ayer, la defensa del alcalde “Pany” Pérez cuestionó que el fiscal Markel Mora –con su mente inquisitiva- se fuera directo a pedir la medida más grave de detención preventiva, sin revisar el catálogo de opciones cautelares.

“Pany” Pérez ha dicho que demostrará su inocencia. La jueza Josefa Monfante le otorgó ayer la medida de casa por cárcel al alcalde santeño y separación del cargo. A su asistente Eduardo Vásquez tendrá que reportarse dos veces a la semana a la Fiscalía de Drogas de Los Santos y se le suspendió el cargo.

Al primer subsecretario general del PRD, “Pany” Pérez y a su asistente Vásquez se les formulan cargos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, en base a un pinchazo telefónico donde “Los Galleros” anuncian un aporte de $15 mil para festejos en La Villa.

El juzgado mantuvo la detención de Manuel Antonio Domínguez Walker, Alberto Luis Chávez Chen, del mayor de la Policía canalera Luis Omar Álvarez Martínez, del agente  Manuel Esteban Salazar Sánchez, José Antonio Villarreal Hernández, y Andrés Enrique Moreno Zamora.

Manuel Antonio Domínguez Salazar, padre de Domínguez Walker, se le otorgó medida cautelar de arresto domiciliario, así como reportarse los martes y jueves y no salir de la provincia de Panamá.

La fiscalía apeló las medidas cautelares y habrá otra audiencia el 6 de octubre para atender los argumentos del Ministerio Público.

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