Nacional - 27/8/13 - 11:17 PM

Méndez niega decisión de tipo político en archivo de proyecto

La cercanía del proceso electoral pudo haber sido la razón de peso para que el pleno de diputados de la Asamblea Nacional devolviera a primer debate el

Por: - Martes 27 de Agosto de 2013 11:17 PM

Redacción /Carlos Estrada Aguilar
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Gabriel Méndez, diputado del Partido Cambio Democrático, dijo que la decisión asumida de devolver a primer debate el proyecto de ley 616, que establece el pago de la tasa de aseo a través de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, no fue de carácter político.

Explicó que la decisión fue consensuada con la bancada del partido Cambio Democrático, quienes consideraron que este proyecto afectaría directamente a los panameños humildes que no están preparado para este nuevo método de pago. Añadió que cuando el proyecto llegué a la Comisión de Comercio será archivado.

El diputado consideró que la gente no puede pagar cuando recibe un mal servicio de recolección.

Insistió que la Autoridad de Aseo tiene que mejorar el servicio para poder exigir que los clientes pague la tasa de aseo, a través del nuevo método de pago.

Planteó que Enrique Ho Fernández, director de Aseo, puede obligar a los clientes a pagar mediante el Juzgado Ejecutor que aplique una medida coercitiva.

Los hechos en la Asamblea

La cercanía del proceso electoral pudo haber sido la razón de peso para que el pleno de diputados de la Asamblea Nacional devolviera a primer debate el proyecto de ley 616, que permitía que la tarifa de recolección de basura y de otros servicios públicos como el agua fuera cobrado en el recibo por consumo de energía eléctrica.

El proyecto fue devuelto por iniciativa de la bancada de Cambio Democrático (CD) a la Comisión de Comercio, en donde será archivado.

La norma indicaba que por el atraso de 60 días o más en el pago de la totalidad de la factura por el servicio eléctrico y los servicios públicos, cobrados a través de la empresa distribuidora, se suspendería la prestación de todos los servicios al mismo tiempo.

Para los diputados de gobierno y oposición, la ley tal cual estaba redactada era impopular y representaba una carga económica para la población, lo que encarecería su costo de vida.