Mides pregunta si hay niñas embarazadas en albergues
También se solicita información sobre las medidas de intervención aplicadas en cada situación.
El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pidió información directa sobre un tema que vuelve a poner la lupa sobre los albergues: si existen niñas de 8 y 9 años embarazadas dentro de estos centros.
La consulta se da en medio de nuevas denuncias por abusos y maltratos contra menores de edad, una situación que ya ha generado escándalo en años anteriores.
La solicitud quedó plasmada en la nota oficial DM-0433-2026, fechada el 17 de marzo, enviada por la ministra Beatriz Carles de Arango a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
En el documento, el Mides pide que se informe si existen casos de niñas en ese rango de edad en estado de embarazo dentro de albergues bajo supervisión estatal, y que se detalle si los embarazos ocurrieron antes de ingresar o durante su permanencia en esos lugares.
Además, la carta exige que, de existir estos casos, se precise qué tipo de denuncias se han presentado y qué acciones se han tomado para proteger la salud y la integridad física y psicológica de las menores. También se solicita información sobre las medidas de intervención aplicadas en cada situación.
Este movimiento se da luego de que, semanas atrás, la diputada Alejandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, presentara una denuncia ante la Fiscalía por presuntos abusos e irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, un albergue supervisado por la Senniaf.
No es la primera vez que esta entidad queda bajo cuestionamientos. En febrero de 2021, un informe parlamentario reveló que decenas de menores en albergues habían sido víctimas de abusos sexuales y malos tratos desde al menos 2015. Ese informe provocó indignación nacional, protestas en las calles y exigencias de castigo contra los responsables.
En Panamá, los albergues son administrados por ONG y fundaciones, mientras que la supervisión recae en la Senniaf. Tras el escándalo de 2021, varios funcionarios de estos centros fueron sentenciados por delitos administrativos y penales.
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