Mina: auditoría confirma que Cobre Panamá sí cumplía
El director ejecutivo de la mina reiteró la disposición de la compañía para trabajar junto al Gobierno panameño en una solución que permita resolver el futuro del proyecto minero.
La minera canadiense First Quantum Minerals aseguró estar satisfecha con los resultados de la auditoría integral realizada a Cobre Panamá, al destacar que la operación obtuvo un cumplimiento general del 87,7 % de los compromisos establecidos durante su funcionamiento.
A través de un comunicado, el director ejecutivo de la empresa, Tristan Pascall, afirmó que la publicación del informe y la creación de un comité ministerial para evaluar sus resultados representan un avance positivo. Además, reiteró la disposición de la compañía para trabajar junto al Gobierno panameño en una solución que permita resolver el futuro del proyecto minero.
La auditoría, realizada por la firma suiza SGS, concluyó que 361 de los 370 compromisos auditados fueron cumplidos, mientras que siete registraron cumplimiento parcial y no se detectaron incumplimientos considerados fundamentales.
La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, suspendió sus operaciones a finales de 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de intensas protestas sociales contra la actividad minera.
El Gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene en análisis el informe técnico. Una comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio y Ambiente deberá presentar antes de finalizar el año una recomendación sobre el futuro del proyecto.
Aunque el informe refleja un alto nivel de cumplimiento, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló recientemente que la auditoría también detectó nueve fallas operativas, entre ellas deficiencias en el programa de reforestación, que solo alcanzó el 45,7 % de lo comprometido.
El cierre de la mina tuvo un fuerte impacto en la economía panameña. La operación representaba cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y su paralización provocó la pérdida de más de 40 mil empleos directos e indirectos, además de arbitrajes internacionales por 27 mil millones de dólares, actualmente suspendidos mientras el Gobierno define el destino del yacimiento.
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