Ministro justifica traslado de capos: “Son narcos y asesinos”

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, defendió el traslado de 29 privados de libertad considerados de alto perfil al centro penitenciario ubicado en la Isla Coiba, al asegurar que la medida busca cortar las comunicaciones de líderes de organizaciones criminales y evitar que continúen ordenando delitos desde prisión.

Ábrego afirmó que los reclusos trasladados son "jefes de pandillas y de organizaciones criminales que trafican drogas y matan panameños todos los días", por lo que la decisión responde a una estrategia para impedir que mantengan contacto con sus estructuras delictivas.

"Ellos fueron trasladados allá simplemente para cortarles la comunicación", sostuvo el ministro, al tiempo que aseguró que el Estado ha respetado plenamente sus derechos humanos y garantías legales.

Explicó que los privados de libertad continúan teniendo acceso a sus abogados mediante videollamadas y conferencias por internet, además de mantener comunicación con jueces y fiscales cuando los procesos judiciales lo requieren.

El titular de Seguridad también confirmó que algunos de los reos realizaron una huelga de hambre, aunque señaló que la protesta apenas se prolongó por un día.

"Efectivamente hicieron una huelga de hambre que creo que duró un día porque tuvieron que acceder a la comida", comentó, agregando que el Estado garantiza la alimentación de todas las personas privadas de libertad, independientemente de que sus familiares puedan visitarlos o llevarles alimentos.

Ábrego destacó que los internos reciben ropa, alimentación, artículos de higiene personal, papel higiénico y cepillos de dientes, por lo que rechazó las críticas sobre las condiciones en las que permanecen recluidos.

Asimismo, pidió que el debate también tome en cuenta los derechos de las víctimas de la delincuencia y el impacto que tienen las organizaciones criminales en la sociedad panameña.

"Empecemos a respetar el derecho de las víctimas. Estamos hablando de los niños que están consumiendo droga en las escuelas y de la violencia producto del narcotráfico", manifestó.

El ministro insistió en que todos los derechos de los privados de libertad están siendo respetados, pero subrayó que el aislamiento en Coiba impide que puedan utilizar teléfonos para ordenar homicidios o coordinar operaciones de narcotráfico.

"Todos los derechos legales están siendo respetados. Lo que ocurre es que están en Coiba y, lastimosamente, no pueden hablar por teléfono para ordenar la muerte de nadie o para traficar 500 o 1,000 kilos de droga de un lugar a otro del país", concluyó.