Mulino sanciona leyes que endurecen penas contra la ciberdelincuencia
El presidente José Raúl Mulino sancionó ayer la Ley 478 del 4 de agosto de 2025 sobre la asistencia jurídica internacional en materia penal y la ciberdelincuencia.
De acuerdo con el Ejecutivo, la nueva ley fortalece el marco jurídico contra la ciberdelincuencia y adapta la legislación panameña a las últimas normativas internacionales en la materia.
La norma había sido aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el 9 de octubre de 2024 y entregada al Órgano Ejecutivo el 11 de octubre, pero fue devuelta por el presidente, el 27 de noviembre, con objeciones a ciertos artículos, por ser inconvenientes e inexequibles.
Las objeciones fueron acogidas y la Asamblea Nacional modificó la redacción de tres artículos.
Entre los cambios, el artículo 7 establece la pena de cinco a diez años de prisión para los delitos de suplantación de identidad con fines ilícitos, usando datos informáticos, bases de datos o un sistema electrónico. Esta modificación equipara la pena a lo establecido en el artículo 221 del Código Penal para la figura de usurpación de identidad con fines de lucro.
En tanto, el artículo 12, que establece penas de dos a cuatro años de prisión por la creación, distribución y comercialización de contenidos y programas informáticos con el fin de cometer delitos contra la intimidad, ahora excluye del tipo penal las actividades lícitas relacionadas con la ciberseguridad, “hacking” ético, análisis forenses y otras cuyo fin no sea incurrir en los delitos previstos en el Código Penal.
Mientras que la redacción revisada del artículo 16 sobre evidencia digital, elimina la facultad que se le otorgaba al Ministerio Público de actuar sin control previo, lo que subsana posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Por otro lado, el presidente también firmó la adhesión de Panamá al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia, hecho en Madrid, el día 28 de mayo de 2014.
“El objetivo del convenio es reforzar la cooperación entre países para la adopción de medidas que ayuden al combate contra este tipo de delitos”, señala el comunicado de prensa de la Presidencia de la República.