No hubo esterilización forzada de mujeres, según Defensoría

Entrevistaron a los líderes de las comunidades y a una vocera de las supuestas víctimas de esterilización forzada, a varias de las denunciantes, a directores regionales de salud, a directores médicos de los hospitales y centros de salud, entre otros.
La Defensoría realizó una  investigación in situ.

La Defensoría realizó una investigación in situ.

Por: Redacción / Web -

Panamá- Tras una investigación in situ, la Defensoría del Pueblo determinó que no hubo esterilización forzada de mujeres de pueblos originarios, en Bocas del Toro, por parte del personal del Ministerio de Salud (Minsa) ni de la Caja de Seguro Social (CSS).

"En una resolución que lleva la firma del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, la institución concluyó que luego de una investigación in situ, que no hubo vulneración de los derechos fundamentales, específicamente los Derechos a la Salud, Derecho a la Dignidad Humana, Derecho a la No Discriminación y Derecho a la Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava, y comunidades indígenas adyacentes de Bocas del Toro", detalla el Minsa a través de un comunicado de prensa.

Según detalla la entidad, el personal de la Defensoría también a inspeccionó los hospitales e instalaciones de salud del Minsa y de la CSS en la provincia de Darién en donde tampoco encontraron evidencias de esterilización forzada en mujeres.

La investigación de la Defensoría estableció que en el año 2019 se realizaron en los hospitales de Bocas del Toro 146 salpingectomías; otras 285 durante el 2020 y un total de 388 en el transcurso del 2021. Todas con el consentimiento de las pacientes.

También sustentaron que durante su investigación in situ la Defensoría remitió cuestionarios al Minsa y a la CSS, los cuales fueron contestados por ambas entidades.

De igual forma, entrevistaron a los líderes de las comunidades y a una vocera de las supuestas víctimas de esterilización forzada, a varias de las denunciantes, a directores regionales de salud, a directores médicos de los hospitales y centros de salud, entre otros.

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En cuanto a la posible situación de vulneración de derechos por casos de leishmaniasis aparecidos en la provincia, el informe de la Defensoría concluyó también que "no existen suficientes elementos que indiquen que personal del Minsa se haya negado a brindar tratamiento a los pobladores afectados por la enfermedad".

A pesar de ello, la Defensoría destaca que existe un criterio de los tecnólogos médicos que realizan los exámenes y son los autorizados para emitir el diagnóstico de las personas infectadas por la leishmaniasis.

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