Panama Ports cuestiona fallo de la Corte y advierte impacto económico
Panama Ports Company advirtió que el fallo que declara inconstitucional la Ley 5 afecta la seguridad jurídica, la inversión y miles de empleos en Panamá.
Panamá Ports Company, S.A. (PPC) cuestionó la decisión del Órgano Judicial que declaró inconstitucional la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, al advertir que el fallo carece de sustento jurídico, debilita la seguridad jurídica en Panamá y pone en riesgo una concesión portuaria que ha operado durante casi tres décadas en Balboa y Cristóbal.
A través de un comunicado emitido este miércoles, la empresa señaló que no ha sido notificada formalmente de la decisión. No obstante, sostuvo que el pronunciamiento resulta incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato que ha regido sus operaciones durante los últimos 28 años.
Según Panama Ports Company, este fallo representa el episodio más reciente de lo que describe como una campaña del Estado panameño que ha impactado a la empresa y a su inversión extranjera por más de un año, mediante una serie de acciones que considera inesperadas contra la concesión.
La compañía recordó que, desde el inicio de sus operaciones, ha invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura portuaria, seguridad, tecnología y desarrollo humano. Estas inversiones —afirmó— han permitido modernizar el sistema portuario panameño y generar miles de empleos directos e indirectos.
PPC sostuvo que este esfuerzo ha sido clave para consolidar a Panamá como un centro logístico y portuario de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras internacionales y generando un impacto positivo en la economía nacional.
La empresa también destacó que la concesión fue otorgada mediante una licitación internacional transparente y que, desde entonces, ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías del Estado, actuando —según el comunicado— con transparencia y disposición de colaboración.
El documento advierte que la decisión judicial no solo pone en riesgo el contrato de PPC, sino que afecta el bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria, además de impactar la estabilidad institucional, el estado de derecho y la confianza en el país.
PPC subrayó que el fallo es diametralmente opuesto a decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia sobre contratos similares, lo que incrementa la incertidumbre legal en Panamá.
En ese contexto, la empresa expresó su preocupación por el daño a la reputación de Panamá como destino confiable para la inversión extranjera y como hub logístico competitivo a nivel global.
Pese a este escenario, PPC reiteró su compromiso con Panamá, con sus trabajadores y con las comunidades de Balboa y Colón, y aseguró que continuará cooperando con el Estado, aunque se reserva el derecho de acudir a instancias internacionales.
Finalmente, la empresa hizo un llamado al diálogo y la coordinación con las autoridades para evitar la interrupción de la concesión y proteger los servicios portuarios que, asegura, han beneficiado al país y al comercio mundial.
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