Panamá rechaza en la OEA una intervención militar en Nicaragua
La OEA, en la reunión de los cancilleres para abordar la situación en Nicaragua, aprobó una resolución que exige al país centroamericano celebrar elecciones y la liberación incondicional de presos políticos.
El Gobierno de Panamá rechazó este viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la idea de una posible intervención militar en Nicaragua, sumida desde 2018 en una grave crisis sociopolítica, e instó al país centroamericano a tener una democracia libre con elecciones.
"Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición, propone decidir quién debe gobernar en Nicaragua. Panamá respeta plenamente la soberanía" de ese país, dijo la representante de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante una reunión extraordinaria del organismo sobre Nicaragua.
"Defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no significa intervenir militarmente en Nicaragua. Entre el silencio y los fusiles existe un inmenso territorio de acción diplomática", continuó.
La OEA, en la reunión de los cancilleres para abordar la situación en Nicaragua, aprobó una resolución que exige al país centroamericano celebrar elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.
El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas.
La CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas insistieron ayer en que "las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos".
Pidieron el fin de la creciente represión transnacional que ejerce el régimen de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordaron que desde el comienzo de la crisis en 2018 han documentado un patrón sistemático de graves violaciones de derechos humanos.
La última invasión militar estadounidense en Centroamérica tuvo lugar en Panamá en diciembre de 1989 para apresar al general Manuel Antonio Noriega con un saldo de unos 500 muertos (extraoficialmente se cifra en 4.000 civiles fallecidos). El pasado enero militares de EE.UU. también capturaron en Caracas al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa.
"Panamá conoce demasiado bien la historia de las intervenciones en América Latina como para tomar esta pregunta a la ligera. Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la soberanía, nos ha enseñado el valor de la autodeterminación, pero también nos ha enseñado el precio que pueden pagar pueblos cuando otros deciden intervenir en su nombre", dijo.
El actual Gobierno de Panamá, el pasado julio, retiró a su embajador en Managua y el presidente José Raúl Mulino ha denunciado públicamente el deterioro democrático del país.
El Parlamento nicaragüense aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional para excluir de cargos públicos a opositores tildados de "traidores" y extiende el mandato presidencial a siete años.
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