Nacional
Panamá se abre a la titulación colectiva de tierras indígenas
El Estado se subroga la propiedad de la tierra, agua, recursos naturales y bosques".
Una veintena de comunidades indígenas de Panamá buscarán la titulación colectiva de tierras ancestrales que se encuentran dentro de áreas protegidas luego de que el gobierno aprobó una resolución, "pionera" en América, que establece la vía para ello tras años de discriminación.
Se trata de la Resolución DM-0612-2019 del Ministerio de Ambiente, publicada este diciembre en la gaceta oficial, que demuestra que no hay incompatibilidad entre la convivencia de los pueblos indígenas y los objetivos de conservación de las tierras declaradas como áreas protegidas y que han estado ancentralmente ocupadas por ellos.
La resolución "establece un principio que es un secreto a voces en las Américas pero que todavía ningún Estado había querido admitir: no hay ningún obstáculo legal para la adjudicación de tierras a comunidades indígenas que ocupaban esos predios desde mucho antes de que se declararan áreas protegidas", dijo a Efe Héctor Huertas.
Huertas es el abogado de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), una organización que ha estado luchando por el reconocimiento de la titulación colectiva de tierras ancestrales en áreas protegidas.
UNA RESOLUCIÓN PIONERA EN LAS AMÉRICAS
Con la resolución "Panamá es pionero en la región, porque en otros lugares lo que hacen es que expulsan a las comunidades indígenas o simple y sencillamente las dejan allí, a merced de la pobreza, porque no las dejan cazar ni pescar dentro de su territorio", aseguró Huertas.
El abogado explicó que "a nivel regional, para los gobiernos, las áreas protegidas son propiedad del Estado y no pueden ser adjudicadas. El Estado se subroga la propiedad de la tierra, agua, recursos naturales y bosques".
"Esto ha pasado por más de 20 años en las Américas", aseveró Huertas, que explicó que en el caso de Panamá "demostramos que había una gran diferencia entre la propiedad individual y la propiedad colectiva", y que negar esta última a los pueblos originarios "no era más que discriminación".
Huertas fue uno de los negociadores de la "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" que aprobó la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2016 y que reconoce la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos originarios.
25 COMUNIDADES INDÍGENAS Y GUARDIANES DE LOS BOSQUES BUSCARÁN LA TITULACIÓN COLECTIVA
Huertas afirmó que la resolución gubernamental "abre el camino a que 25 comunidades indígenas que tienen años de vivir de sus tierras tengan protección legal sobre las mismas y que no sean esos terrenos víctimas de madereros y colonos".
Se reclama, explicó el abogado, la titulación colectiva de "extensiones de tierra ancestrales, no cualquier tierra", que se ubican fuera de las comarcas indígenas, que son cinco en Panamá, un país donde habitan las etnias Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), Marcelo Guerra, dijo a Efe que la resolución "ha sido de mucha importancia para los pueblos indígenas".
Recordó que autoridades y ambientalistas se han resistido a la idea de la titulación colectiva con el argumento de que los pueblos indígenas no serían capaces de conservar el medio ambiente.
"Donde los pueblos indígenas viven hay bosques y hay montañas. Nosotros sabemos conservar, lo hemos hecho por años y años. Somos los guardianes de los bosques", aseveró Guerra.
De cualquier manera, aseguró Huertas, en las tierras colectivas se debe establecer "un plan de manejo comunitario" que puede incluir el "ecoturismo, cuestiones que sean compatibles con el área protegida y compatibles con la cultura indígena, porque no todas las actividades sostenibles son compatibles con la cultura indígena".
ESTUDIO TÉCNICO PARA CONFIRMAR VIABILIDAD DE TITULACIÓN COLECTIVA
El viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios, dijo a Efe que su despacho "está estableciendo el mecanismo" para el estudio técnico que definirá la viabilidad de la titulación colectiva, y que se hará en base a criterios como "el uso del suelo, manejo de la conservación del medioambiente y cantidad de población del área", entre otros.
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