Piden que ONU venga a verificar albergues en Panamá
Casi 50 organizaciones y personalidades que integran la Red de Derechos Humanos de Panamá hicieron un llamado urgente a la protección de los derechos humanos de las personas que permanecen en albergues en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social.
Alegan además ante la persistencia del problema durante diversas administraciones y la ausencia de credibilidad y de respuestas rápidas, pedimos con urgencia al Ejecutivo que invite al país a una delegación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.
A la Asamblea Nacional se le pide que presente cuanto antes un verdadero informe técnico con datos verificables; y no politizar esta situación para abrir la puerta a poderes ocultos que pretenden apoderarse de la institución como botín para nombramientos de copartidarios no idóneo, repitiendo el modus operandi desarrollado en la Defensoría del Pueblo.
Es un hecho documentado y de conocimiento público, las reiteradas denuncias de malos tratos, bajo presupuesto, falta de personal idóneo, falta de supervisión estatal y poca transparencia con que se manejan las instalaciones donde "depositan" a seres que reclaman respeto a su dignidad humana, protección contra toda forma de discriminación y violencia por motivos de la edad, sexo, orientaciones sexuales, discapacidad, raza, religión, etnicidad.
Alegan que hasta la fecha, no hay un abordaje transversal, interseccional e interinstitucional ( MIDES, MINSA, Cancillería, Defensoría del Pueblo) transparente y de derechos, como respuesta del Estado.
En el caso de los llamados albergues, hacen un llamado al Ministerio Público para que informe a la ciudadanía sobre las medidas que ha adoptado en relación a las ocho denuncias que interpuso la exdirectora del SENNIAF desde junio del 2020.
Piden que se explique cómo se articularán con la nueva investigación de oficio que se anunció el 12 de febrero y cuántas medidas de protección a víctimas han tomado para impedir revictimización y coacción a denunciantes, especialmente en los casos donde se mencionan a niños en condición de discapacidad.
También solicitan se rinda cuentas sobre estas investigaciones, realizando una reunión lo antes posible con la Defensoría del Pueblo, SENNIAF y organizaciones de Derechos Humanos.
La Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (SENNIAF) debe solicitar a la Asamblea Nacional que identifiquen los nombres de los centros denunciados; la cantidad y tipo de abusos que se deben de investigar y se adopten las medidas administrativas que la ley contempla. Además le reclaman una rendición de cuentas.
La Red de Derechos Humanos de Panamá pide la discusión y aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; presupuesto adecuado para que la SENNIAF pueda realizar su trabajo de protección integral.
A la Defensoría del Pueblo se le pide fortalecer y dar todo su respaldo al Mecanismo para la Prevención de la Tortura que fue creado para dar seguimiento a los alberques para nilos, personas adultas mayores y centros penitenciarios.
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