Piden sancionar ley de cabotaje y arremeten contra Martínez

La ley de cabotaje le da sentido al espíritu de uso colectivo, según la visión de los tratados Torrijos-Carter de generar bienestar social a los panameños, afirmó Juan Felipe Pitty, especialista en derecho marítimo.

Esto concuerda Víctor de Gracia, asesor de la Asamblea Nacional, quien afirmó que "Panamá tiene dos mares territoriales y nunca hemos sido un país marítimo y las grandes potencias mundiales todas han sentado su fortaleza en la industria marítima. En Panamá seguimos lejos de ella".

Luego de que el Ejecutivo gestionó con éxito todas las instancias desde la investigació, análisis, revisión y aprobación del Gabinete, debate, corrección y aprobación en comisión y en el pleno de la Asamblea Nacional, ahora todos los sectores invocan la responsabilidad histórica del presidente Laurentino Cortizo para que sancione la ley y entre en vigencia.

La ley aprobada por unanimidad en la Asamblea ha recibido fuego amigo de parte del ministro de Comercio, Ramón Martínez, quien ya había firmado la aprobación de gabinete.

Martínez emprendió una campaña de argumentos técnicos sobre acuerdos internacionales, que según él no permitirían que Panamá ejerza su legítimo derecho a controlar y desarrollar sus aguas nacionales a través de la Industria Marítima Auxiliar.

El abogado Harley Mitchell Morán contrarresta los argumentos de Martínez y sostiene que la ley de cabotaje aprobada es compatible con los convenios y acuerdos internacionales ambientales suscritos por Panamá, promoviendo el crecimiento sostenible de la industria marítima local, lo que será de provecho para toda la población.

El armador y empresario marítimo Juan Diego Reyna calificó de inconcebible que un ministro de Estado pueda evitar que Panamá abrace el futuro marítimo de la nación.

El presidente de la Asociación de Armadores de Panamá (ARPA), Rodrigo Hernández, concluyó que como armadores confían que al final del camino imperaren los intereses de la Nación sobre el de cualquier país extranjero.

Así se podrá desarrollar y administrar todo el potencial que tienen los servicios marítimos prestados al mundo con una ley que marcará un precedente en el sector y que fomentará la inversión local. Se generará mayores plazas de empleos y acabará con la competencia desleal.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, también resaltó que Panamá necesita una legislación que aporte reglas claras como esta ley que beneficiara al país para complementar al sector marítimo.

Juan Diego Reyna, de ARPA, señaló que Panamá requiere de normas del juego justas para poder tener una industria con todo el potencial, al igual que el 80% de todos los países de la región, pues Panamá ya tiene normativas en el cabotaje terrestre y aéreo y solo falta el marítimo. En una declaración al final de la jornada manifestó que es incomprensible que alguien no quiera abrazar el futuro de la Nación en esta materia.

El diputado oficialista Raúl Pineda dijo sentirse sorprendido por el cambio de posición del ministro Martínez. “Me pregunto quién pudo tocar al ministro para que cambiara la opinión sobre una ley de su propio Presidente. Esas son las cosas que nos hacen quedar mal”, dijo Pineda.

Mientras tanto, Noriel Araúz, Administrador de la Autoridad Portuaria (AMP), entidad gestora de la ley, ha reiterado su apoyo y oposición al Ministerio de Comercio.