Por lesivo rechazan contrato minero

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó ayer por “lesivo” para el Estado un proyecto de ley con Minera Panamá que está a punto de empezar a exportar cobre y que ha sido cuestionado por los ambientalistas y la justicia.

“Consideramos que este contrato-ley es lesivo para nuestro país, porque estipula que el 98% de todas las riquezas se vayan de Panamá”, dijo el presidente de la comisión, el diputado Nelson Jackson.

Según el diputado, las comunidades aledañas al proyecto no se van a beneficiar del proyecto, pese a vivir en “extrema pobreza“, y la iniciativa legislativa tendrá que ser discutida a partir del 1 de julio cuando comience la nueva legislatura.

“Es inadmisible que 49 años después que se creó el Decreto 267 en el cual se establecía que el mínimo de las regalías en beneficio del Estado era del 6%, el contrato-ley actual establece solo el 2%”, agregó el diputado.

El mandatario Juan Carlos Varela buscaba ratificar el contrato de concesión del proyecto, luego que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional.

Con un costo de construcción de $6 mil 300 millones, el proyecto se ubica en el área de Donoso. La mina a cielo abierto tiene previsto enviar su primer cargamento de concentrado de cobre en junio y exportar a pleno rendimiento 320 mil toneladas métricas, lo que en el mercado internacional se cotiza en $2,000 millones.

En septiembre pasado y tras casi nueve años, el magistrado Jerónimo Mejía sacó el fallo en que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá).

Según el fallo bajo la ponencia de Mejía, el contrato violó los artículos 17, 32, 159, 257 y 266 de la Carta Magna y advierte que para dicha concesión debió llamarse a una licitación y se contrarió la Constitución, porque se prescindió del procedimiento legal aplicable para ese entonces, que era el Decreto de Gabinete 267 de 1969.

Hubo dos demandas presentadas en el 2009 que se acumularon, una de Susana Arcelly Serracín, en representación de Centros de Incidencia Ambiental, y otra por Ramón Sevillano Callejas.

El contrato por 20 años fue firmado en 1997 por la hoy subcontralora Nitzia de Villarreal, entonces ministra de Comercio del gobierno del mandatario Ernesto Pérez Balladares, luego en el 2016 se extendió por 20 años.

En el fallo resaltan las opiniones de dos procuradoras: Ana Matilde Gómez y Ana Belfon, quienes consideraban que el contrato no era inconstitucional.

En un comunicado, Minera Panamá expresó que su proyecto de extracción de cobre emplea a más de 9 mil panameños, y que confían en que “el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional”.

La empresa agrega: “Puesto que, según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, estamos encaminados a contribuir en más del 3% al crecimiento del PIB de Panamá a partir del año 2020”.

En tanto, la Cámara de Comercio expresó preocupación por la decisión de los diputados y de la Corte, que alegan mandan un “mensaje equivocado a los inversionistas locales y particularmente los de otras latitudes”.

"A nosotros, como representantes de los principales sectores de la empresa privada en el país, nos inquietan las consecuencias que esto puede tener sobre la economía; al igual que sobre la imagen y reputación de Panamá", indicó Jorge Juan de la Guardia, presidente del gremio.

La Cámara alega que la minera trabaja con más de 1,400 empresas panameñas, invirtiendo unos $1,474 millones en compras a proveedores locales.