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Posiciones encontradas en consultas sobre CSS

La excandidata presidencial Maribel Gordón cuestionó al gobierno por mentir descaradamente y amenazar con reducir porcentualmente el monto de las pensiones, si el proyecto no se aprueba antes de finalizar el año.

Las consultas legislativas sobre el proyecto sobre la seguridad social enfrentó ayer posiciones encontradas entre representantes del movimiento popular y del sector empresarial.

La excandidata presidencial Maribel Gordón cuestionó al gobierno por mentir descaradamente y amenazar con reducir porcentualmente el monto de las pensiones, si el proyecto no se aprueba antes de finalizar el año. Hoy intimidan y generan terrorismo de Estado contra la población de jubilados, añadió.

La también economista indicó que el propio estudio de la OIT revela que si se unen los sistemas de beneficio definido y el mixto, los fondos para pagar pensiones alcanzaban hasta el 2038 y la junta técnica actuarial estimó que hasta el 2041.

Conflictos de intereses

Según Gordón, la columna vertebral del proyecto es la especulación con todos fondos de la CSS y solamente con los del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Solo en IVM hay más de $10 mil millones y en el 2095 las reservas estarían por el orden de $200 mil millones, añadió.

Además, advirtió que el proyecto debería ser rechazado, porque los que elaboraron el proyecto tienen conflictos de intereses con las administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y distribuidoras de medicamentos.

En su oportunidad el economista Willliam Hughes alegó que el proyecto reduce drásticamente las futuras pensiones en 25%.

También advirtió que existen conflictos de intereses. El ministro Chapman representa a instituciones financieras al igual que su esposa, su hermano y su padre.

Hughes afirmó que con el aporte de $966 millones del Estado y el 3% de aumento de la cuota patronal no se necesita aumentar la edad de jubilación. Tenemos las corridas y los resultados, son diferentes a las que pregona el gobierno, agregó.

Peligro de un solo administrador de fondos

Por su parte, el consultor Jorge Nicolau, advirtió que el déficit del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) es alarmante: $76 mil millones a valor presente y $255 mil millones acumulados. Este problema se agrava si se considera el sistema mixto, que alcanzaría un déficit de $386 mil millones para 2095 sin ajustes.

Nicolau también advirtió el peligro de concentrar los fondos de reserva —entre $20 mil y $40 mil millones— en un solo administrador por el riesgo que esto supone para los más de dos millones de panameños que confían en que tendrán sus pensiones dignas al momento de su jubilación.

El proyecto faculta al director general de la CSS a delegar la administración de una parte o la totalidad de los recursos del fondo general de reserva a personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones, ya sea de Panamá o de otras jurisdicciones, a través de las leyes de contratación pública aplicables.

“El que estas contrataciones se sometan a las leyes de contratación pública aplicables nos llena de terror, ya que a través de estas leyes es que se han hecho todas las contrataciones donde luego aparecen que ha habido favoritismos y pago de coimas importantes. Esto es un riesgo mayor que no debemos tomar", sostuvo el consultor, que recomendó regulaciones como las del Fondo de Ahorros de Panamá y establecer criterios rigurosos para las administradoras de fondos, más allá de la simple posesión de una licencia emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en el extranjero.

Jorge Nicolau también defendió las medidas paramétricas, porque ningún sistema de pensiones está diseñado para sostener las demandas de poblaciones longevas.

Comerciantes piden no politizar tema

En su oportunidad, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Alberto Arias expresó que el proyecto es un híbrido de las solicitudes de todos los que participaron en la mesa en la Presidencia, pero hay que ponerle término al asunto, de lo contrario estaremos en diciembre del 2025 o del 2026 hablando sobre el tema, pero la Caja de Seguro Social (CSS), no tiene mucho tiempo.

Las calificadoras tienen lupa sobre nosotros y debemos ponernos de acuerdo, de lo contrario la realidad y no es amenaza, si el proyecto de ley no es aprobado, vamos a perder grado de inversión, que es un costo automático a nuestras hipotecas, préstamos de autos y en todos los préstamos personales empresarial y gubernamental, expresó Arias.

El dirigente empresarial pidió no mezclar temas de política con lo de la CSS... no tratemos de enredar a los panameños. La Cámara reclama transparencia, digitalización, rendición de cuentas y el que robó que pague y devuelva lo robado, añadió.

En tanto, el economista Raúl Moreira cuestionó que el proyecto elimine aspectos relativos al conflicto de intereses y crea la figura de un superdirector.

Lombana: dejen la amenaza

En su oportunidad, el excandidato presidencial Ricardo Lombana cuestionó que se debate bajo la amenaza presidencial, de que si no se aprueban las reformas se recortan las pensiones... eso es como chantajear y tomar de rehenes a los jubilados... eso es un irrespeto.

Lombana alegó que no se le puede pedir sacrificio a los panameños cuando el gobierno no reduce gastos, exoneraciones, incentivos fiscales, los salarios, los que se llevan los consulados y notarios, los alquileres.

No podemos pedir sacrificios si el gobierno no se sacrifica primero y no se gana la confianza, añadió Lombana, quien alegó que poner a disposición del director de la CSS el 100% de las reservas de la CSS, eso es privatización.

Gobierno sin creatividad

También compareció el exdiputado y exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, quien cuestionó al gobierno por no ser creativo y enlistó una serie de medidas que le pueden generar $3 mil millones a la CSS y no mantener el fracasado sistema de cuentas individuales.

Carles advirtió que el proyecto viola 8 convenios de la OIT.

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