Precandidatos y partidos andan como los monitos

Precandidatos y partidos andan como los monitos

Precandidatos y partidos andan como los monitos

Precandidatos y partidos andan como los monitos

Precandidatos y partidos andan como los monitos

Por: Redacción / Crítica Impreso -

Los precandidatos presidenciales y partidos políticos escurren el bulto en torno al tema del mensaje del ministro de Seguridad, Juan Pino rodeado de los directores de la Fuerza Pública cuestionando el rechazo legislativo del proyecto de extinción de dominio. Todos están ciegos, sordos y mudos.

Ninguno ha emitido un comentario a favor o en contra sobre un tema que a juicio de otras personalidades debe generar debate.

Fueron el exembajador Pedro Pereira y el internacionalista Pedro Sittón, en sus espacios de comentarios en la versión digital de Crítica, quienes advirtieron el peligro que los estamentos de seguridad salgan a expresar posiciones políticas frente a una decisión de un Órgano del Estado y que se estuviera militarizando el diálogo político.

En su mensaje Pino estuvo acompañado por los comisionados: Oriel Ortega, Jeremías Guillermo Urieta y John Dornheim; la directora de Migración, Samira Gozaine y el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs. De ese grupo: cuatro son abogados.

El exdirector de la Policía y exsecretario de Metas, Ebrahim Asvat sostuvo que "hay que ser bien ignorante de la Constitución y la ley para exponer a tres directores de la Fuerza Pública a que manifiesten apoyo a una propuesta política ante la opinión pública".

"La facultad constitucional de dictar leyes le corresponde a la Asamblea Legislativa, es quien aprueba o desaprueba los proyectos de leyes. La incapacidad manifiesta de no lograr consensuar posiciones es un tema de su proponente. De fidanque a toledano no se logra", agregó.

El exfiscal Neftalí Jaén llamó la atención sobre la violación al artículo 311 de la Constitución, el cual dispone que los servicios de la Fuerza Pública no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. El desacato será sancionado con la destitución inmediata del cargo.

Para la periodista Sabrina Bacal, es contraproducente el estilo militar del video en que el ministro Juan Pino defiende el proyecto de extinción de dominio.

Pero Pino tiene quien la defienda. El general (r), Rubén Darío Paredes mandó una alerta a los Jefes, oficiales, clases y tropas de la Fuerza Pública: no dejarse arrastrar hacia la disputa política que se avecina. El abuso contra el ministro Pino e imagen de la Fuerza Pública fue el inició el preámbulo que nos involucró en el Golpe del 11 de Octubre de 1968.

Sin embargo, el catedrático Miguel Antonio Bernal le preguntó a Paredes si "está promoviendo un golpe? y eso parece al salir a defender a Pino y a sus insubordinados. Desde ya hay que rechazar su irrespeto a la ciudadanía. Déjenos saber si el señor (Ricardo) Lombana lo secunda en sus nostalgias militaristas y golpistas", añadió.

Rubén Darío Paredes ripostó y le pidió a Miguel Antonio no pescar en río revuelto, porque está sugiriendo lo contrario."La Fuerza Pública debe mantener distancia prudente, cuando la serpiente de la política muda de piel. Hay que dar pleno apoyo a la Constitución y al Soberano...!no a los pescadores!, agregó el militar en retiro.

El exembajador y abogado panameñista Enrique Zarak reaccionó expresando que Paredes nos recuerda el preámbulo del Golpe de Estado de 1968 cuando la Guardia Nacional se involucró en la política al tomar partido a favor del candidato liberal de David Samudio.

"El 24 de marzo de 1968, la Guardia Nacional tomó posición política a favor de David Samudio y en contra de Arnulfo Arias, y desde febrero planearon cómo impedir su triunfo y después su sacada del poder. Cuidado estén planeando lo mismo para el 2024. La Constitución Nacional es muy clara y de aceptar a este tipo de intervención política de los Estamentos de Seguridad en los asuntos que no le es legal, estaremos sembrando la semilla de que intervengan en los asuntos políticos y hasta que germine un golpe de Estado", sostuvo Zarak.

En la otra acera, el expresidente del Panameñismo y exministro consejero, Ramón Fonseca Mora alegó que muchas personas sacan conclusiones sin manejar toda la información, pero otros lo hacen porque trabajan para los oscuros.

"Lo que sucede y pocos saben es que estamos en medio de un conflicto militar, en el cual las interpretaciones políticas y legales no caben. Pino cumple con su rol. Pertenece a la Alianza Militar Patriota compuesta de más de 150 ejércitos, dedicada a eliminar corruptos y maleantes, entre ellos narcos, por eso necesitan los instrumentos. La lucha por limpiar el planeta es global y para el que sabe hay muchos signos de la batalla. Los narcos y corruptos trabajan para la satánica Mafia Jázara... para ganar la guerra hay que quitarles todo. Además, estamos en Ley Marcial en donde aplican los Códigos de guerra de Nuremberg y no las leyes locales.

Pero el abogado Alexis Sinclair exclamó: "¡Por Dios, Rubén, de qué abuso contra el ministro Pino hablas. Uds los gorilas militares no son consecuentes con los principios democráticos y Pino violó la Constitución, pero para los que le antecedieron en el 68, imagino es una gracia no un delito".

El antecedente más parecido a la actual situación se dio el 29 de septiembre de 1991, cuando el entonces director de la Policía Nacional, Gonzalo Menéndez Franco asistió a la convención del Partido Arnulfista, en Penonomé.

Hubo denuncias -entre ellos del entonces legislador y presidente del PRD, Gerardo González- donde se advertía que se había violado el artículo 305 de la Carta Magna yel artículo 15 del Decreto de Gabinete No. 38 de 10 de febrero de 1990, que prohibía a los miembros de la Fuerza Pública la participación en actividades políticas.

En noviembre de ese año, el mandatario Guillermo Endara reemplazó a Menéndez Franco y luego en junio de 1993, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó un sobreseimiento definitivo, aunque el Procurador de la Nación de ese entonces, reconoció la violación de los artículos de la Constitución y del Decreto 38, advirtió que esa conducta no constituía delito a la luz de lo normado en el Código Penal.

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