Presentan demandas millonarias por envenenamiento masivo
"La demanda nuestra es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias porque el hecho está probado", dijo a las puertas del Supremo panameño el abogado Víctor Orobio.
"La demanda nuestra es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias porque el hecho está probado", dijo a las puertas del Supremo panameño el abogado Víctor Orobio.
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El letrado, que representa a los 50 demandantes, explicó que las querellas son individuales y no colectivas porque "cada víctima tiene antecedentes e historias diferentes".
"Nosotros hemos establecido una indemnización de 6 millones de dólares por cada víctima", añadió Orobio, que acudió al máximo tribunal acompañado por varios de los afectados y sus familiares.
El envenenamiento, que se produjo por un jarabe con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, dio la vuelta al mundo y está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.
El caso dio un inesperado giro en abril del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector de la estatal Caja del Seguro Social (CSS) René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.
En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 e invalidada después por el máximo tribunal, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.
La historia se remonta al 2003, cuando la caja compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, el seguro social elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del "jarabe de la muerte", pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.
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