Presionan a jueza para fregar a RM y afectar imagen de 14 bancos

La jueza Baloisa Marquínez es presionada para que desconozca los términos que establece el Código Judicial para dictar sentencia en el caso New Business y tratar de alterar el proceso electoral en Panamá y afectar la imagen de unos 14 bancos involucrados en la transacción legítima de la compra del Grupo Epasa.

El analista Pedro Sittón dijo que desde el viernes del despacho superior de la Corte Suprema de Justicia se giraban instrucciones al tribunal de Marquínez para forzar un fallo contra el candidato opositor y virtual ganador de los comicios del 2024: Ricardo Martinelli.

Sittón advierte que a pesar de la intención de politizar la justicia, es imposible que se inhabilite a Martinelli, porque los tiempos procesales no dan, debido a que el candidato de Realizando Metas, puede interponer una serie de recursos, que extendería por cerca de 5 años, la decisión definitiva.

Una reciente encuesta de Gallup Panamá reveló que el 68% del voto duro de Martinelli, estima que la audiencia que desarrolló la jueza Baloisa Marquínez, fue política.

Pero además, en torno al caso en cuestión, la frase con lo que más estaban de acuerdo los consultados fue que el "juicio es político" para afectar al candidato de Realizando Metas. Un 53% opinó de esa forma y 37% estimó que el juicio era justo.

El caso New Business consta de 177 tomos y 91,948 hojas. En base a lo dispuesto por el artículo 520 del Código Judicial, la jueza Marquínez tiene 1,838 días adicionales para dictar sentencia, es decir algo más de 5 años. A hoy, solo han transcurridos 31 días hábiles.

El artículo 520 establece "que los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del término, por cada 50 hojas o fracción de cincuenta cuando el expediente exceda de ciento".

Afectación a 14 bancos

Aparte de eso, forzar una condena por blanqueo de capitales en una operación legítima, conlleva a reclamar responsabilidades a 14 bancos que se mencionan participaron -de una u otra forma- en la transacción de compra-venta del Grupo Epasa.

Abril Arosemena, abogada de Iván Clare, quien fuera gerente de Financial Pacific (FP), mencionó en la audiencia New Business una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa ‘canasta’ utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación, sin embargo, la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos.

Los bancos mencionados por la letrada fueron Banco General, Global Bank, Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

El Banco General y el Global Bank, fueron los que movieron más dinero en la transacción a través de cheques de gerencia.

El actual vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General, Juan Raúl Humbert y el vicepresidente asistente de cumplimiento, Hugo Villalobos, recibieron en diciembre de 2010 los $12.5 millones que aportó como préstamo Ricardo Martinelli, en la transacción para la compra de Epasa.

Los detalles de esa transacción las reveló el abogado Ricardo Chanis Correa durante la audiencia del caso New Business. Se trató de un cheque de gerencia proveniente del Global Bank y permitió liberar las acciones, ya que los vendedores: la Familia Arias, tenía una deuda por ese monto con el Banco General.

La actual directiva del Banco General la integran Raúl Alemán, Juan Raúl Humbert A, Juan Ramón Brenes Stanziola, Carlos Alberto Motta Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Motta Page, Luis Carlos Motta Vallarino, Osvaldo Mouynes G., entre otros.

Global Bank tiene entre sus directivos a Jorge Enrique Vallarino Strunz, Félix Brandon Maduro García de Paredes, Bolívar Ernesto Vallarino Strunz. Mónica García de Paredes de Chapman, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Ishak Salomón Bhiku Rawat, Jack Eskenazi Cohen, Alberto Raymond Dayan Btesh, Domingo Adolfo Díaz Strunz, Otto Oswald Wolfschoon Horna, Stephen Benedicto Wong Chung, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

En un artículo publicado el 26 de enero de 2019, el abogado Ricardo Chanis, expresidente de Epasa, destacaba que la compra y venta se llevó a cabo en cumplimiento de las mejores prácticas para transacciones de este tipo.

En la transacción brindaron sus servicios especializados las firmas de abogados Morgan & Morgan y Chanis Abogados y Consultores; la firma de CPA’s Deloitte y los bancos Global Bank y Banco General, explicaba Chanis.

Chanis sostuvo que los bancos debieron hacer la debida diligencia y ninguno le dijo que eran fondos ilícitos.

El propio perito de la Fiscalía, el comisionado Eliseo Abrego reconoció en la audiencia que los aportes que hizo Martinelli, eran fondos lícitos.

Ademá la propia Baloisa Marquinez, en fallo de 9 de marzo de 2021, confirmado por el Segundo Tribunal de Justicia, declaró y reconoció que Martinelli estaba protegido por el Principio de Especialidad, desde el 11 de junio de 2018 hasta el 17 de febrero de 2020, por lo que deben ser anuladas todas las actuaciones adelantadas durante este periodo, incluyendo una prórroga.

Además se dictó una Indagatoria de fecha 30 de junio de 2020, después de haber vencido el término judicial de un año de prórroga, por lo que la misma es nula.

Testigos escondidos por Fiscalía

Pero además, lo escandaloso en la audiencia New Business es que los testigos FECDO-01-2020 y FECDO-10-2020, que serían Henri Moisés Mizrachi Kohen y Riccardo Francolini, no comparecieron a la audiencia y la Fiscalía hizo lo imposible para que no se presentaran y no fueran contrainterrogados.

Para el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin los testimonios de testigos protegidos deben ser ratificados y someterse a contradictorios, es decir que la defensa pueda interrogarlos.

"Si los testigos llamados supuestamente protegidos, que constituyen la esencia de la incriminación o de la razón de ese proceso no comparecen, está vacío de contenido y el resultado debe ser un pronunciamiento de la nulidad del proceso o absolución de los encausados", sentenció el doctor Boutin.

Aparte de eso, se denunció que Mizrachi Koen, corrompió a los funcionarios del entonces Juzgado Decimoctavo Penal de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, para lograr un oficio en enero del 2020 le sirvió para salir de Panamá,a pesar de tener en su contra una imputación por blanqueo de capitales.