Profesionales se declaran en guerra
La Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) tildaron de atentado contra el ejercicio de las profesiones liberales la ley 256 del 26 de noviembre de 2021, sobre medidas tributarias.
En una acalorada reunión antenoche en la sede del CNA, los abogados y profesionales se pintaron de guerra y anunciaron marchas y protestas.
Para los gremios la norma tributaria citada, es Inconstitucional, inconsulta, inconveniente, selectiva y a espaldas de los profesionales idóneos, de las diferentes ciencias del país, que hoy en día, se debaten en una crisis, agudizada por la pandemia y frente a una situación que muchos han tenido que cerrar sus oficinas y refugiarse en sus casas o dedicarse a otras actividades para sobrevivir.
Según los profesionales se trata de una medida impositiva y autoritaria que de seguro obedece a medidas desesperadas en contra de los panameños, que trabajan por sobrevivir diariamente, porque los presupuestos que tiene el gobierno, no equilibran los ingresos proyectados y asi quieren someter a una clase profesional, señala el comunicado.
Así mismo,alegan que esta medida busca beneficiar a cuatro empresas, que son las únicas autorizadas y registradas para brindar este servicio, lo cual genera sospechas, en torno a lo que parece ser, un abierto negociado, a costillas de los profesionales panameños.
«Esta medida no solo ha sido inconsulta, sino que también pretende, ser impuesta a sangre y fuego, con un calendario sin contar con una reglamentación, que también resultaría inconstitucional e ilegal, pues estaría en conflicto, con las leyes que regulan el ejercicio de cada profesión liberal y con lo establecido en la excerta constitucional», sostiene.
El abogado Genarino Rosas destacó que hay que dar la cara y pelear, dejar de ser guerrilleros jurídicos del chat y redes sociales, prácticas que a su juicio, cada día mutilan el espíritu de lucha de los panameños. Hay que hacer actos de presencia, opinar y levantar la voz como sucedió la noche del martes, añadió.
En tanto, el Director General de Ingresos, Publio De Gracia Tejada, participó en un conversatorio sobre la adopción de la factura electrónica.
De Gracia le recordó a sus colegas abogados que la obligación de documentar y facturar existe desde la década de 1970 y el cambio impulsado busca que los profesionales puedan aprovechar, sin ningún costo, el facturador electrónico gratuito para aquellos que generen menos de 200 facturas por mes e ingresos por un millón de balboas anuales.
Durante el conversatorio los presentes, manifestaron sus críticas y disconformidad por las modificaciones en la ley, por lo que el director de la DGI se comprometió a comunicar tales opiniones al ministro Héctor Alexander para crear los espacios necesarios para la didáctica de su uso, disipar dudas, y también abiertos a impulsar cualquier modificación que pueda mejorar la ley vigente.
La factura electrónica es el método de facturación que se está extendiendo en todas las sociedades y que sirve para documentar y facturar de una mejor manera, no solo para una fiscalización de la administración tributaria, sino también para una mejor organización de los obligados a facturar.
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