¿Quién debe encargarse del concentrado de cobre?

Las 120,000 toneladas de concentrado de cobre, almacenadas en la mina de Cobre Panamá, plantean un dilema sin resolver. Este concentrado, que comenzó su acumulación a finales de noviembre de 2023, permanece en sitio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre la empresa y el Estado panameño.

El pasado 20 de febrero, durante el lanzamiento de su Programa de Visitantes y Participación Ciudadana, que abre las puertas del proyecto a quienes quieran conocerlo; la vocera de Cobre Panamá, Maru Gálvez, explicó que una de las actividades abordadas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) (implementado ante el cese de operaciones) es el manejo y comercialización de ese concentrado de cobre que quedó almacenado previo al cese abrupto, y una de las alternativas, al comercializarse, es poder cubrir el costo del Plan de Preservación y Gestión Segura, que en este momento está asumiendo la empresa, cuyo estimado es entre 15 y 20 millones de dólares al mes.

Sobre lo anterior, el especialista en leyes ambientales, Harley Mitchel comentó en una entrevista televisiva, que “Panamá no debería pagar por el programa de mantenimiento si ya se cuenta con los recursos de manera subterránea. La mejor tecnología disponible (nos guste o no) la tiene la empresa,  esta debe encargarse de comercializar el material (concentrado) exclusivamente para la limpieza del sitio, sería la mejor solución hasta el momento”.

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La remoción de este material es necesaria para evitar posibles problemas de salud, seguridad y ambiente asociados al calentamiento del material causado por reacciones químicas, así como la generación de gases potencialmente dañinos", detalló la empresa en su momento.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), entidad encargada de la actividad minera en el país, no se ha pronunciado concretamente sobre qué acción tomar, porque el dilema radica sobre quién posee los derechos de dicho concentrado, aunque, Cobre Panamá, dejó claro que "es importante aclarar que el Artículo 2 del Código de Recursos Minerales establece que este concentrado de cobre pertenece a la empresa como concesionaria en el momento que el mineral fue extraído y procesado, antes del fallo de inconstitucionalidad contra la ley 406 de 2023, el 28 de noviembre de 2023".

El pronunciamiento de la empresa fue respaldado por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, el 29 de enero del presente año, quien aseguró que dicho concentrado es propiedad de la empresa, porque fue procesado antes de que la Corte Suprema de Justicia anunciara el 28 de noviembre de 2023 el fallo sobre el nuevo contrato.

En su momento, el especialista en gestión y planificación ambiental, Roderick Gutiérrez, expresó que "la necesidad de una acción decisiva es más urgente que nunca".