Red de Defensorías Universitarias condena violación de autonomía
La RIDU demandó el respeto a la protesta pacífica de los estudiantes, así como la inmediata persecución de los líderes estudiantiles involucrados.
¡Un nuevo choque entre la autoridad y la universidad! La Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIDU) ha emitido una enérgica condena contra el uso de la fuerza policial y la clara violación de la autonomía universitaria en la Universidad de Panamá.
En un comunicado de prensa, la RIDU demandó el respeto a la protesta pacífica de los estudiantes, así como la inmediata persecución de los líderes estudiantiles involucrados en las manifestaciones del pasado 31 de enero.
“Es inadmisible que la Policía Nacional de Panamá haya intentado silenciar la voz universitaria mediante intimidaciones y represión. El derecho a protestar debe ser protegido, no vulnerado”, exclamó la Red, que expresó su firme apoyo a la Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá.
Esta organización interinstitucional, dedicada a la protección de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, reafirmó su compromiso de velar por la libertad académica y la autonomía de las instituciones educativas.
El profesor Gilberto Marulanda, Defensor de los Derechos de los Universitarios, denunció la presencia de agentes de la Policía Nacional vestidos de civil el pasado 6 de febrero, realizando actividades encubiertas en el Campus Harmodio Arias Madrid.
Marulanda calificó estos actos de represión como un “atentado contra la autonomía universitaria” y advirtió que estas prácticas autoritarias son un peligro para las libertades civiles.
En respuesta, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Eduardo Leblanc, anunció la apertura de una investigación sobre el accionar policial durante la protesta, recordando que los agentes deben respetar los protocolos de actuación para garantizar la integridad de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos.
La comunidad universitaria y la sociedad en general, continúan atentos a las decisiones de las autoridades, con la esperanza de que se haga justicia y se protejan los principios fundamentales de la educación superior en Panamá.
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