Residentes de Las Palmeras exigen solución urgente por calles deterioradas
Los afectados aseguran que han presentado reclamos de distintas maneras ante la promotora y otras instancias, sin obtener respuestas satisfactorias.
Los moradores del residencial Las Palmeras, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, están preocupados por el avanzado deterioro de la mayoría de las calles internas del sector.
Esta es una situación que se ha prolongado por años sin una solución concreta, debido a que la promotora responsable no ha realizado el traspaso oficial de estas vías al Estado.
De acuerdo con versiones de los propios residentes, la falta de este trámite legal ha impedido la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad que ha aclarado que no puede ejecutar trabajos de reparación mientras las calles continúen registradas como propiedad privada.
Esta situación ha generado un vacío de responsabilidades que mantiene a los habitantes en constante incertidumbre.
Los afectados aseguran que han presentado reclamos de distintas maneras ante la promotora y otras instancias, sin obtener respuestas satisfactorias.
“Pareciera que alguien juega vivo y se tiran la bola unos a otros, mientras las calles siguen empeorando”, manifestó uno de los residentes, quien pidió mantener su identidad en reserva.
El problema no se limita únicamente al residencial Las Palmeras, ya que en la ciudad de Santiago existen otros sectores donde varias promotoras se encuentran en una situación similar.
Las mismas están evitando cumplir con los trámites y pagos correspondientes para que el MOP pueda recibir formalmente las calles, algunas de las cuales tienen más de 20 años de trazadas.
Cada vez que los moradores de estas comunidades alzan su voz para exigir soluciones, señalan que las empresas promotoras buscan justificarse o evadir responsabilidades, prolongando aún más la problemática y afectando la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias.
Los residentes hacen un llamado a las autoridades competentes para que se investigue esta práctica y se establezcan mecanismos que obliguen a las promotoras a cumplir con sus deberes legales, permitiendo así que el Estado pueda intervenir y garantizar calles en condiciones adecuadas para las comunidades afectadas.
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