¡Sacuden la DGI! Botan a funcionarios por lío de créditos fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la destitución inmediata de todos los funcionarios vinculados a la investigación por corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y dispuso el congelamiento de los trámites relacionados con créditos fiscales bajo sospecha.

Además, la entidad solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió y establecer las posibles fallas en los mecanismos de control.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la presunta desviación de créditos fiscales se habría desarrollado durante varios años y que logró evadir los controles existentes.

“Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos, pero no importa cuándo empezó; nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó Chapman.

El titular del MEF indicó que las investigaciones del Ministerio Público avanzan respetando el debido proceso y advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia conforme a la ley.

“Panamá cuenta con el talento y las instituciones capaces de detectar irregularidades, actuar con firmeza y corregir sus sistemas”, manifestó.

Chapman reiteró que el compromiso del Gobierno es proteger la seguridad jurídica, fortalecer la confianza en el país y avanzar hacia una administración tributaria más transparente, moderna y eficiente.

Hace dos semanas, las autoridades desmantelaron una presunta red dentro de la DGI que habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales que, por ley, pueden ser cedidos mediante un procedimiento establecido. Posteriormente, estos créditos habrían sido vendidos a empresas dentro del país.

Por este caso, la Fiscalía panameña imputó el pasado 12 de julio a 16 personas, entre funcionarios, abogados y particulares, por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales.