Sacyr ahora demanda al Estado por reclamos de ampliación
La Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional dictaminó que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se pueden atribuir a la República de Panamá, lo que permite a la española Sacyr avanzar en el proceso de arbitraje que inició en 2018 contra este país por los sobrecostes en la ampliación del canal.
“Esta decisión, favorable a Sacyr, permite que, superado este primer paso, pueda continuar el arbitraje y entrar en la fase en la que las partes tendrán que discutir sobre el fondo de las pretensiones económicas de Sacyr, así como sobre las demás defensas esgrimidas por Panamá“, señaló la constructora en un comunicado.
El reconocimiento de que las actuaciones de la ACP se pueden atribuir a Panamá permite que sean objeto de revisión al amparo del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de inversiones entre España y Panamá (Appri).
Sacyr denunció en 2018 al Estado panameño ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) por supuestos daños y prejuicios en relación con el contrato de ampliación del canal de Panamá otorgado al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la compañía española.
Este consorcio, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción del tercer juego de esclusas por $3,118 millones, pero el coste final resultó ser mucho más alto.
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