Sancionan a ocho empresas por contaminación de ríos en Azuero
Cada sancionado recibió una multa de B/. 9,999.99, el monto máximo permitido por ley, además de la orden de paralizar operaciones hasta que implementen medidas correctivas obligatorias e inmediatas.
La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ha emitido ocho sanciones por infracciones ambientales relacionadas con la contaminación del río La Villa y su afluente, el río Estibaná, ambos cuerpos de agua vitales para el consumo humano en las provincias de Los Santos y Herrera.
Cada sancionado recibió una multa de B/. 9,999.99, el monto máximo permitido por ley, además de la orden de paralizar operaciones hasta que implementen medidas correctivas obligatorias e inmediatas. Actualmente, también se mantienen en trámite cinco expedientes adicionales por casos similares.
Las sanciones han sido impuestas a las siguientes empresas y personas: Finca La Fe, Paja Verde, S.A., Porcina La Ceiba, Lotificación Santa Eduviges, Porcina San Antonio, el Vertedero Municipal de Macaracas y Marcelino Delgado. Todos presentaron recursos de reconsideración, los cuales están en proceso de notificación, etapa que agota la vía gubernativa.
En etapa de investigación administrativa aún se encuentran: Finca Luis Martínez, Central de Engorde, S.A., Porcinalanda, S.A., Lechería Medrano, Finca Porcina Nobel Samaniego y Lechería Barría.
Entre las principales infracciones detectadas están la descarga ilegal de aguas residuales a fuentes hídricas, la falta de instrumentos de gestión ambiental y el incumplimiento de normativas ambientales. Estas prácticas representan un riesgo significativo para la sostenibilidad ambiental y la salud pública.
Las acciones de fiscalización y sanción derivaron de un operativo técnico y legal impulsado por denuncias ciudadanas, que incluyó inspecciones directas en los cauces afectados.
El proceso se ampara en la Ley 41 de 1998, la Ley 8 de 2015, el Decreto Ejecutivo No. 57 de 2004, el Decreto Ejecutivo No. 01 de 2023 (modificado por el Decreto Ejecutivo 2 de 2024), y la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo en el país.