¡Se prende Arraiján! Exigen revocatoria de mandato de alcaldesa
Para los reincidentes que insisten en vender en las calles, dejar vehículos abandonados o invadir terrenos públicos, las multas pueden alcanzar hasta $3,000.
Un grupo de residentes del distrito de Arraiján, Panamá Oeste, inició ayer sábado el primer encuentro para organizar una solicitud de revocatoria de mandato contra la alcaldesa y el vicealcalde, a quienes acusan de imponer sanciones injustas. Esta reacción surge a raíz del decreto alcaldicio N.º 8 del 20 de agosto de 2024, que establece multas de $500 hasta $10,000 para sancionar 101 faltas administrativas.
Luis González, líder comunal y representante del Movimiento 2000 de Arraiján, criticó el decreto, alegando que "hay muchas disposiciones ambivalentes que chocan con normas constitucionales". Como ejemplo, González mencionó la multa por no portar cédula, que ahora tendrá un costo elevado según las nuevas reglas de la alcaldía.
“La alcaldesa en su decreto sube el precio por no portar cédula en las calles”, señaló.
Las nuevas normas, que entraron en la Gaceta Oficial, establecen sanciones por 101 faltas administrativas, entre ellas el ruido excesivo, ventas ilegales de bebidas y construcción fuera de horario, hasta la instalación de vallas publicitarias sin permisos, cada infracción tiene su castigo. Por ejemplo, el que suba los decibeles a más de 65, deberá pagar $500. Y si la bulla de una construcción no deja dormir, la multa sube a $1,000 si el ruido es antes de las 7:00 a.m. o después de las 5:00 p.m.
Para los reincidentes que insisten en vender en las calles, dejar vehículos abandonados o invadir terrenos públicos, las multas pueden alcanzar hasta $3,000. Y si algún negocio no muestra su tarjeta de fumigación o contribuyente, ¡también habrá sanción!
Según el decreto, contra las multas impuestas la parte agraviada o multada tendrá derecho únicamente a proponer dentro de los cinco (5) días hábiles los Recursos de Reconsideración ante el Alcalde.
El plazo para pagar la multa será de 30 días hábiles, y su incumplimiento implica caer en desacato siendo remitido el caso al Juzgado Ejecutor del Municipio de Arraiján para los fines legales pertinentes; además de registrarse en el Sistema de Verificación Ciudadana.
La Policía Nacional, agentes de Vigilancia Fiscal y Jueces de Paz ya están encargados de hacer cumplir estas disposiciones.
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