¿Te quedaron debiendo? Los riesgos legales y financieros de los 'susús'
El ahorro informal entre vecinos y compañeros de trabajo genera pérdidas de miles de balboas.
Comenzó como un favor de pasillo o un acuerdo de palabra entre conocidos del barrio: la tradicional ‘susú’ —esa junta de ahorro donde un grupo de personas aporta una cuota semanal o quincenal para entregarle el monto acumulado a un integrante por turno— o la encomienda de la ‘mandada’, en la que se le entrega dinero a un tercero para pagar servicios, comprar repuestos o realizar trámites.
Sin embargo, cuando la persona a cargo del dinero desaparece, no responde el celular o gasta los fondos, el ahorro del esfuerzo diario se convierte en una pesadilla económica y familiar.
En Panamá, la economía informal y las prácticas comunitarias de crédito o ahorro no regulado forman parte de la cotidianidad en barriadas y centros de trabajo. No obstante, la ausencia de contratos por escrito y el exceso de confianza dejan a las víctimas en un terreno vulnerable al momento de reclamar ante la justicia.
Entre la buena fe y la estafa: El dilema legal
Cuando el organizador de una susú o el encargado de hacer una diligencia se queda con el dinero, la primera pregunta de los afectados es si el hecho constituye un delito procesable o un simple desacuerdo personal.
De acuerdo con el Código Penal de la República de Panamá, existen dos figuras jurídicas principales bajo las cuales suelen encuadrarse estos hechos:
- Estafa (Artículo 220): Se configura cuando una persona engaña a otra para obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la víctima. Si el organizador de la susú inventó un grupo falso, simuló solvencia o planificó el engaño desde el inicio para quedarse con el dinero, incurre en este delito, sancionado con penas de 1 a 4 años de prisión (o más en modalidades agravadas).
- Apropiación Indebida (Artículo 227): Aplica cuando se recibe legalmente una suma de dinero u otro bien transferible con la obligación de entregarlo o devolverlo (como el pago de una factura en una 'mandada' o la entrega del pozo acumulado de una 'susú') y la persona lo destruye o se lo adueña en provecho propio.
El desafío principal que enfrentan los afectados ante el Ministerio Público o los Jueces de Paz es la prueba: al tratarse de arreglos netamente verbales, comprobar la existencia del compromiso financiero exige aportar chats, transferencias bancarias o testimonios de terceros.
¿Por qué siguen siendo populares las 'susús'?
Pese a los riesgos reiterados, las susús continúan vigentes debido a barreras bancarias, la falta de acceso a créditos formales y la inmediatez. Para muchos trabajadores informales o asalariados que no califican para productos bancarios de ahorro, la junta representa el único mecanismo para reunir montos significativos destinados a emergencias, reparaciones del hogar o gastos escolares.
No obstante, expertos en educación financiera advierten que la susú no genera rendimientos ni intereses y expone al 100 % del capital a la honestidad de una sola persona: el organizador o "cabeza de la junta".
Recomendaciones: ¿Cómo proteger su dinero?
Si decide participar en un esquema de ahorro colectivo o confiar una diligencia monetaria a un tercero, tome en cuenta las siguientes previsiones:
- Soportes digitales: Evite entregar dinero en efectivo sin un recibo firmado. Utilice transferencias bancarias directas (como banca en línea o plataformas de pago móvil) indicando claramente en la descripción el motivo del envío (ejemplo: "Aporte cuota 3 susú" o "Dinero para pago de luz").
- Comprobantes y mensajes: Conserve capturas de pantalla de los chats, notas de voz y acuerdos previos sobre las fechas de entrega y montos.
- Acreditación del organizador: Evite entrar en juntas gestionadas por desconocidos o en redes sociales.
- Uso de canales formales: Evalúe las cuentas de ahorro programado o de montos mínimos que ofrecen las entidades bancarias y cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) o el IPACOOP.
En caso de ser víctima de una apropiación indebida o estafa, la persona afectada puede interponer una denuncia formal ante la Anamorfosis de Atención Primaria del Ministerio Público o acudir a las Casas de Justicia Comunitaria de Paz cuando las cuantías o disputas vecinales así lo permitan según la normativa local.
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