Terremoto obliga a impartir justicia en carpas y dentro de un autobús policial
En la provincia de Los Santos también se adoptaron medidas similares durante el fin de semana posterior al sismo.
Los daños estructurales ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre obligaron a las dependencias del Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Cuarto Distrito Judicial, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, a habilitar espacios improvisados para mantener en funcionamiento la administración de justicia.
Ante las afectaciones en los edificios judiciales, jueces, fiscales y defensores públicos han recurrido a toldas, instalaciones de la Policía Nacional y hasta un autobús para desarrollar las audiencias y garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
Este miércoles 14 de octubre, el juez de cumplimiento del SPA de Herrera, Fernando Cajar Coloma, realizó una audiencia bajo una tolda instalada en las inmediaciones del edificio judicial afectado por el movimiento telúrico. El acto correspondía a un proceso por el delito de posesión simple de drogas y contó con la participación de la fiscal Catyuska Quezada y el defensor público Humberto Sucre.
Al finalizar la diligencia, Cajar Coloma destacó que, pese a los daños provocados por el sismo, la oficina judicial de Herrera continúa cumpliendo con sus funciones. “Pese a la fuerza de la naturaleza, no se ha dejado de trabajar en pro de la administración de justicia de nuestro país”, manifestó.
Esta no ha sido la única audiencia desarrollada en condiciones excepcionales en Herrera. Tras el terremoto, las autoridades judiciales habilitaron un espacio en la sede de la Policía Nacional de Chitré para celebrar una audiencia de garantías relacionada con un caso de violación de domicilio. Además, un proceso por el delito de estafa tuvo que realizarse bajo una carpa instalada de emergencia en las afueras de las instalaciones del SPA.
En la provincia de Los Santos también se adoptaron medidas similares durante el fin de semana posterior al sismo. La jueza de garantías Indira Moreno presidió dos audiencias de solicitudes múltiples dentro de un autobús de la Policía Nacional, ubicado en los estacionamientos de la sede judicial.
Uno de los procesos estaba relacionado con los delitos de violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, mientras que el otro correspondía a un caso de violencia doméstica y quebrantamiento de medidas de protección. En ambos expedientes, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de los imputados, al considerar que esta medida era necesaria para resguardar los fines del proceso y que las circunstancias de los hechos investigados no permitían aplicar otra medida cautelar.
Estas actuaciones reflejan las medidas de contingencia adoptadas por las autoridades judiciales para mantener la atención de los casos en medio de los daños estructurales registrados en ambas provincias, mientras continúan las labores en condiciones distintas a las habituales.
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