Tres tristes tongos que prejuzgan caso de RM
Si Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo Juncá y Luis Guerra sin realizar los procedimientos legales, ya anticipan su decisión, ya dejan de ser magistrados y son unos tongos y demuestran que son cualquier cosa, menos un tribunal imparcial, expresó Sidney Sittón.
El Tribunal Electoral de Panamá prejuzgó el caso del candidato presidencial Ricardo Martinelli, sin siquiera conocer el proceso para su inhabilitación.
El abogado Sidney Sittón advirtió que cuando un juez dicta una decisión sin haber escuchado a las partes y cuando ellos mismos advirtieron que se requería celebrar audiencias, se convierten entonces policías.
Si Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo Juncá y Luis Guerra sin realizar los procedimientos legales, ya anticipan su decisión, ya dejan de ser magistrados y son unos tongos y demuestran que son cualquier cosa, menos un tribunal imparcial, expresó Sittón.
En un comunicado el Tribunal Electoral destaca que les corresponde inhabilitar a quien se encuentre en la condición jurídica del candidato Martinelli acorde lo establece el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral.
Además revelan que a la institución no ha llegado copia de la sentencia en firme autenticada; y cuando llegue, se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecen la Constitución Política y la ley electoral.
Por su parte, la Fiscalía Electoral explicó que la condena contra Martinelli emitida por el Órgano Judicial implica un efecto jurídico constitucional que las autoridades deben cumplir y ejecutar y, por tanto, corresponde al Tribunal Electoral, en ejercicio de sus funciones administrativas electorales, la ejecución y cumplimiento.
Además destacan que la Constitución dispone en su artículo 142 que el Tribunal Electoral es la única entidad con competencia privativa para interpretar la Ley electoral en nuestro país.
El internacionalista Pedro Sittón explicó que ese prejuzgamiento de los magistrados del Tribunal Electoral, servirá a la defensa de Martinelli para adjuntarlo a las acciones que interponen en los organismos internacionales y para pedir medidas cautelares de protección ante las acciones del Estado panameño.
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