Tribunal Electoral recalca prohiciones de campaña, tras acto de Cortizo
El Tribunal Electoral ha emitido una opinión en la que repite todas las prohibiciones de la ley electoral, aunque evitando emitir opinión sobre los mencionados casos.
Durante las últimas semanas, hemos visto al mandatario Juan Carlos Varela promocionar a su ministro de Vivienda como el "presidente Etchelecu" en un acto de entrega de obras, y también hemos visto a Laurentino Cortizo, aspirante a candidato presidencial por el PRD, hacer un acto multitudinario.
Ahora, el Tribunal Electoral ha emitido una opinión en la que repite todas las prohibiciones de la ley electoral, aunque evitando emitir opinión sobre los mencionados casos.
El comunicado del TE, dirigido a funcionarios, partidos y aspirantes a cargos de elección popular, recalca que está prohibido el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fuere mediante medios velados o simulados para tal fin.
"Los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo".
Agrega que: "Dentro de su horario de servicio, ningún funcionario que esté ocupando su posición en virtud de nombramiento o contrato, puede activarse a favor o en contra de partidos o candidatos".
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"La Veda Electoral es la prohibición de hacer campaña fuera de los períodos permitidos por la ley. Esos periodos son: cuarenta y cinco (45) días antes de las elecciones internas partidarias y sesenta días (60) días antes de las elecciones generales".
"Durante la veda electoral, están PROHIBIDAS las caravanas y concentraciones con propósitos de hacer campaña electoral".
El comunicado señala: "INSTAMOS, UNA VEZ MÁS, a los FUNCIONARIOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, a que mantengan sus actuaciones dentro del marco de la Ley y su reglamentaciones".
Agrega que se procederá "enérgicamente" en los casos que son de su competencia, pero que no es competente para investigar ni juzgar al Presidente de la República ni a los diputados por delitos penales electorales.
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