Tribunal español rechaza recurso de Díaz Ferrán, exdueño de Marsans

Madrid
EFE

La Audiencia Nacional de España avaló los indicios para juzgar al expresidente de la patronal española CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans, hechos por los que la Fiscalía pide que se le condene a 15 años de prisión.
En un auto, el tribunal rechazó el recurso en el que el exdueño de Marsans alegó, entre otros, que aún quedaban diligencias pendientes, como comisiones rogatorias remitidas a México y Panamá.
El auto del juez Eloy Velasco fue el primer paso para juzgar a Díaz Ferrán junto a otras diez personas.
Velasco rechazó ese recurso al recordar que México ya contestó a su comisión rogatoria y que el resultado de la remitida a Panamá resultaba "innecesario para constatar indicios de criminalidad respecto de los imputados al existir material indiciario más que suficiente" en la causa.
"Esperar a que dichas peticiones de auxilio internacional fueran totalmente contestadas, lo que podría exigir un plazo de tiempo extenso, sería incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con la situación de prisión en la que se encuentran tres imputados", entre ellos el propio Díaz Ferrán, según Velasco.
El tribunal recoge ahora ese criterio para subrayar que las diligencias que dice que no han sido practicadas "en poco o nada afectan a la concreción de los aspectos nucleares de la imputación criminal" y recuerda que pueden incorporarse a la causa en un momento procesal posterior
Asimismo, subraya que la decisión de Velasco es "plenamente" ajustada al derecho, "ya que atiende principalmente a la necesidad de llevar una investigación pronta y eficaz, sin dilaciones innecesarias", sobre todo cuando tres de los imputados se encuentran en la cárcel.
El juez instructor acusa a Díaz Ferrán de cobrar 1,06 millones de euros (unos 1,40 millones de dólares) del empresario español ngel De Cabo -también en prisión desde diciembre de 2012- gracias al vaciamiento de Marsans y acusa a ambos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a la "mano derecha" de De Cabo, Iván Losada -el último de los imputados en la cárcel-; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo.
Según el juez, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual eran propietarios del holding empresarial formado por Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras, las cuales comenzaron a partir de 2009 a "mostrar dificultades financieras", lo que les obligó a "afianzar" las deudas del grupo con su patrimonio, que era a su vez "poseído a través de distintas sociedades".
La causa se remonta a 2001, cuando el Estado español vendió Aerolíneas Argentinas a Air Comet, que no declaró supuestamente los beneficios obtenidos con la operación.
En concreto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.