¡Un año asilado y una demanda engavetada!
Martinelli pidió ayer cerrar filas y apoyar al mandatario José Raúl Mulino y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le resuelvan una demanda de inconstitucionalidad que le tienen “engavetada”.
Ricardo Martinelli cumplió ayer un año asilado en la embajada de Nicaragua, destacando que se vio forzado a tomar esta decisión siendo inocente ante un caso político fabricado con el fin de inhabilitarlo e impedir que volviera a la Presidencia de Panamá.
Martinelli pidió ayer cerrar filas y apoyar al mandatario José Raúl Mulino y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le resuelvan una demanda de inconstitucionalidad que le tienen “engavetada”.
Panamá está totalmente paralizada y se necesita la unión y el apoyo de todos para salir de este impasse, que perjudica mayoritariamente a los más pobres. Es la hora de que todos cerremos filas y dejemos las diferencias políticas y personales a un lado y así recuperar la economía, expresó "El Loco".
El 1 de noviembre, la Corte Suprema admitió una demanda de inconstitucionalidad dentro del caso New Business, presentada por la abogada Nadia Castillo a favor de Ricardo Martinelli, donde se advierte que el exmandatario estaba protegido por el Principio de Especialidad que limitaba su encausamiento al llamado proceso "pinchazos", tras ser extraditado por EEUU.
Ya se completó el proceso de alegatos y se desconoce si ya hay proyecto sobre la demanda.
Nadia Castillo demandó la orden de indagatoria (formulación de cargos) de 30 de junio de 2020, dictada por el fiscal Emeldo Márquez, en desatención al Principio de Especialidad bajo el cual Martinelli fue extraditado el 11 de junio de 2018 que delimitó los cuatro cargos por los que podía ser acusado, enjuiciado y castigado por el caso pinchazos.
Marquez indagó a Martinelli el 2 de julio de 2020 y el proceso continuó a pesar de la infracción del principio de especialidad y la desatención de los tratados. Se incurrió en violación directa del artículo 4 de la Constitución, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los artículos VI y VIII del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, y el artículo 17 de la Convención Multilateral de Extradición del 26 de diciembre de 1933.
Otro hecho cuestionado es que a Martinelli se le formularon cargos en el caso New Business, cuando aún se desarrollaba el denominado “caso pinchazos” que concluyó casi 17 meses después con la absolución dictada el 24 de noviembre de 2021.
Se advierte que el 18 de mayo de 2023, el fiscal David Mendoza confirmó que Martinelli estaba amparado por el principio de especialidad en el expediente New Business e inició una gestión para solicitar una excepción, pero dicha solicitud fue devuelta por errores formales, y no se llevó a cabo ningún otro trámite adicional.
La Cancillería el 11 de julio de 2024 dijo que no existe constancia alguna que el Ministerio Público o del Órgano Judicial hayan solicitado el levantamiento del principio de especialidad, ya sea en términos generales o en relación con el caso New Business.
La demanda advierte que no resulta mera coincidencia que justo en el momento en que Ricardo Martinelli, con amplia y notoria aceptación política, aspiraba a un segundo mandato en la Presidencia, se logró obstruir esa aspiración en vía judicial, dos meses antes de las elecciones generales, a través de un acelerado proceso judicial que culminó en una condena utilizada para inhabilitar la candidatura.
El Principio de Especialidad consagrado en el del Tratado de Extradición de 1904 está diseñado como un mecanismo para evitar el abuso del poder público e impedir su manipulación política, pero su omisión se agrava si se considera que la aceleración del proceso judicial en contra de Martinelli ocurrió cuando ya se había oficializado su doble candidatura al Presidente de la República y diputado, lo que claramente afectó el pleno ejercicio de sus derechos políticos para ser elegido.
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