Varela se gastó casi $1 millón para extraditar a “El Loco”

El gobierno de Juan Carlos Varela contrató a una firma que representó al chavismo y a los sandinistas y le pagó cerca de $1 millón para gestionar la extradición del exmandatario Ricardo Martinelli que había solicitado el Organo Judicial y que fue gestionada por el embajador Emanuel González Revilla ante el Departamento de Estado de EEUU.

El 1 de junio de 2016, la Cancillería a cargo de Isabel de Saint Malo instruyó al embajador en Washington, Emanuel González para firmar un contrato con la firma norteamericana Foley Hoag LLP para gestionar lo de la extradición de Martinelli.

El contrato fue firmado tres meses antes que la propia Cancillería enviara la documentación al Departamento de Estado para formalizar la extradición del exgobernante, trámite que se realizó el 26 de septiembre.

El contrato se extendió por dos años y medio. Los desembolsos alcanzaron la suma de $987,053.92. Hubo pagos todos los meses hasta después de junio de 2018 cuando Martinelli optó por aceptar la extradición.

La información se había mantenido en secreto y se supo tras informes provenientes de Perú, donde se reveló que el gobierno de ese país contrató al mismo estudio de la extradición de Martinelli, para tramitar un pedido similar contra el exgobernante Alejandro Toledo. En Perú hubo una publicación informando sobre el contrato.

Foley Hoag además se llevó otra gran suma por ser los abogados de la Autoridad del Canal ante los reclamos del Grupo Unidos por el Canal

La firma norteamericana ha representado al gobierno de Venezuela en un arbitraje que la minera canadiense Cristallez interpuso contra la petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

De igual modo representó al gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia en demandas separadas contra Colombia y Costa Rica en relación con los derechos marítimos en disputa en el Mar Caribe.

Ya antes el gobierno de los panameñistas había firmado un contrato con Rogelio Saltarín, consultor privado y abogado del mandatario Juan Carlos Varela, por $385,200 a fin de recabar material probatorio para las querellas que serían presentadas en la Procuraduría contra funcionarios del gobierno de Martinelli, operación que puso en marcha lo que se denominó la “Procuraduría Paralela”.

Hubo al menos 25 reuniones con el Consejo de Seguridad a cargo del comisionado Rolando López Pérez y que tenía entre sus principales colaboradores en esa agencia de inteligencia presidencial a la hoy procuradora, Kenia Porcell. El contrato fue firmado por el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Saltarín –fallecido a fines del año pasado- era muy cercano a Varela. Lo representó en un demanda judicial interpuesta por el expresidente Martinelli por delito contra el honor.

Además, en el caso del excónsul Jaime Lasso, por la donación de $10 millones para su campaña política proveniente de Odebrecht y en la denuncia por la compra de Centuria, un yate adquirido por $3 millones de dólares.