Absurdo jurídico

La reciente solicitud hecha por el presidente Juan Carlos Varela a su ministro de Seguridad, en el sentido de perseguir a quienes difundan “noticias falsas” en las redes sociales que pongan en peligro la economía del país es, por decir lo menos, un completo desatino.

Las redes sociales, fruto de la modernidad, le han dado voz al ciudadano de la calle y a través de estas, el panameño de a pie manifiesta censura y aplauso a la gestión pública de turno. Sin embargo, es una realidad inocultable, que en el mundo cibernético se cuestiona permanentemente al actual gobierno, el cual parece tener una epidermis muy delicada.

Como bien han señalado juristas del patio, desde el punto de vista legal, el pedido de Varela es totalmente inviable, toda vez que no se deducen las criterios de procedibilidad para perseguir el delito que sanciona el artículo 260 del Código Penal.

Lo primero que habría de definir es si las publicaciones “falsas” constituyen delito de mera actividad o de resultado, en función de esto debe acreditarse el daño causado con la publicación y el mecanismo para acreditar el mismo, además, y habría que definir la legitimación para accionar ante el Ministerio Público.

Todo esto representa un rompecabezas jurídico, porque simple y sencillamente, la norma citada por Varela no va con el bien jurídico que dice querer proteger.

La realidad es que lo que quiere el presidente es “meterles los pelos para adentro” a los ciudadanos que todos los días y a todas horas se quejan en estas redes -con todo derecho- por lo que consideran la ineficiencia gubernamental.

El concepto de libertad de expresión no es absoluto, ya que su ejercicio abusivo conlleva responsabilidades civiles y penales, pero siempre bajo el concepto, a posteriori, es decir, luego de emitida la opinión, nunca a priori, ya que entonces sería autocensura.

Varela que se enfoque bien en lo que dice, no se puede sugestionar con cárcel a la gente para que no diga, comente o informe, mal o bien acertada o equivocadamente. Tal amenaza es una grosera censura a la libertad de pensamiento.