Ángulo
Sin necesidad de tener amplios conocimientos en materia legal, consideramos que la defensa de los derechos humanos por un grupo de ciudadanos aglutinados en el movimiento Panamá
Sin necesidad de tener amplios conocimientos en materia legal, consideramos que la defensa de los derechos humanos por un grupo de ciudadanos aglutinados en el movimiento Panamá Avanza ha sido limitada por reglamentaciones reaccionarias.
La polémica surgida entre grupo de ciudadanos y el Tribunal Electoral ha sido consecuencia de la censura previa aplicada por este organismo y que limita la libertad de expresión, en su condición de derecho inapelable de los seres humanos.
Las Sala Tercera, que tiene que ver con los derechos humanos, acogió una demanda bien sustentada en contra de una decisión del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, que atentaba contra estos principios.
Se pudo observar a los letrados discutiendo sobre la admisión de la demanda puesta por un grupo de panameños; sin embargo, los especialistas en estos temas parecen no haber analizado la parte de los demandantes, yéndose por la forma e ignorando el fondo del problema.
La oposición y los medios de comunicación afines actuaron de manera coordinada para politizar los argumentos, descuidando un tema tan sensitivo como el de los derechos humanos, muy monitoreado por organismos de todos los países.
Nos ha sorprendido que los juristas que reciben el apoyo de los medios de comunicación se quedaron en la superficie del asunto sin adentrarse en el fondo para poder tomar una decisión apegada a la justicia.
Los magistrados del Tribunal Electoral, entre ellos el ahora candidato presidencial independiente Gerardo Solís, dispusieron que para participar en la campaña política es obligante tener una figura legal que sirviera de base a las sociedades que juegan ese papel.
Es decir que para cualquier ciudadano está vedado, por ejemplo, colocar una cuña, a favor o en contra de cualquier candidato, por no contar con personería jurídica.