Botellerío

En Panamá todo el mundo sabe qué son las “botellas”, funcionarios que devengan un salario del Estado sin hacer ninguna labor; antes iban en la quincena a cobrar, ahora les depositan y cobran por cajero electrónico, cosas de la modernidad.

En el argot político, a las botellas suele dárseles el nombre de “asesores” y por lo general se encuentran adscritos a los despachos superiores de las instituciones, por lo que no son conocidos de ningún funcionario fuera del círculo de jefatura.

Si por casualidad les asignan una oficina, por lo general la misma está vacía, y si alguien pregunta por ellos, la lacónica respuesta es que están “en misión oficial”.

Así era antes de 1968, en dictadura y en democracia, porque las botellas son un bacilo pernicioso incrustado en el cuerpo de la administración pública.

Tan pernicioso es, que el nuevo Código Penal ha erigido en delito esta conducta, en razón de lo que señala el artículo 349, de nuestro catálogo punitivo que reza: “El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con 150 a 300 días-multa o trabajo comunitario”.

No dudamos que habrá asesores muy preparados que cumplen su función, pero hay que buscarlos con lupa, ya que según cifras de la Contraloría hay nombrados en el Gobierno 504 asesores en 13 ministerios, además la Asamblea Nacional cuenta con 81 asesores.

Esto representa la friolera de 1 millón 24 mil 910 dólares al mes solo en pago de planilla a estos señores, que a la postre no se sabe qué hacen.

Hay que fiscalizar la labor de los llamados asesores y sus sueldos contra lo que dicen producir, porque la verdad, que la ciudadanía no ve el resultado de su labor, que más parece una inmoral y hasta ilegal sinecura.