Crímenes atroces

Los recientes casos de mujeres asesinadas y decapitadas que han sacudido la conciencia pública son demostrativos de que la delincuencia en Panamá está lejos de ser controlada o minimizada, como pretenden hacernos creer los apologistas del régimen de turno.

Estos crímenes son demostrativos de que los malhechores le han perdido el respeto a la vida humana y que no se detendrán en sus designios criminales para lograr sus propósitos, cualesquiera que estos sean.

La sociedad panameña está amenazada por el delito en todos sus órdenes, y se hace necesario que el gobierno -ya en sus postrimerías- por lo menos aterrice en una estrategia de seguridad que proteja mínimamente a los panameños.

Ya es un hecho de que Barrios Seguros fue un rotundo fracaso, programa con el cual el gobierno de turno, ingenuamente, financió a los delincuentes, que mientras cobraban en el Estado, no dejaban de delinquir.

Tampoco han dado resultados esas fuerzas improvisadas con nombres de aves con que, periódicamente, nos sorprenden los estamentos de seguridad, como si las mismas fueran la panacea para combatir al delito.

El Gobierno tiene que entender que las causas de la criminalidad son multifactoriales y que al delito hay que enfrentarlo con prevención, represión y resocialización, cosa que no se está haciendo.

Mientras este estado de cosas persista, los principales perjudicados son las familias panameñas, que viven en zozobra permanente.