RedacciónSi bien la crisis que se desató esta semana, obliga a un giro en el estilo del gobierno con el propósito de buscar consensos en temas sensitivos, los grupos adversos no deben pretender maniatar la gestión pública y detener la acción de los que lograron el poder a través de una votación popular.El limitar toda acción oficial al parecer de una multiplicidad de organizaciones políticas, gremiales y sindicales, solo contribuiría a inmovilizar a una administración pública que tradicionalmente se empantana en trámites burocráticos.
Panamá no puede detener su desarrollo.
Se requiere de una administración pública ágil y en todo caso, los partidos y grupos que integran el llamado Frente por la Democracia deben estar vigilantes para un manejo transparente y eficiente de la cosa pública y no aspirar a cogobernar, porque si lo que buscan es eso, tendrán que esperar a los comicios del año 2014 y presentarse como candidatos.La lectura de los sucesos de esta semana, tras separar la brusca política es clara.Los panameños resienten los altos costos de los servicios de telefonía y de electricidad después de ser privatizados por los perredistas en la década de los noventa y por eso, rechazan cualquier venta de la participación estatal en esas empresas.
La sabiduría popular es simple: si cuando privatizaron parcialmente esos servicios subieron los costos, cuando se vendan la totalidad de las acciones, puede suceder lo mismo.Las explicaciones sobre libre mercado y mayor competencia que aducen los economistas, es un discurso difícil de vender en estos momentos.