Defensoría del Pueblo

En estos días, el tema de la Defensoría del Pueblo ha tomado relevancia con las entrevistas que adelanta la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional a los 26 candidatos que aspiran a ocupar ese cargo.

Lo cierto es que, al margen de quién resulte electo, hay que hacer una profunda reingeniería a esta institución que nació para proteger a los pobres y a los que no tienen voz para hacerse oír, pero que con el correr de los años ha degenerado en un pesado paquidermo burocrático e ineficiente.

La culpa la han tenido los gobiernos que, desde que se inició a la vida jurídica la Defensoría del Pueblo, le fueron quitando facultades jurisdiccionales y restándole beligerancia para convertirla en un ente inofensivo para con las injusticias. Es por ello que en la elección del nuevo defensor del pueblo debe primar sobre todo el interés superior de la ciudadanía al momento que los diputados escojan al hombre o mujer que ocupará ese cargo.

No podemos permitir la existencia de ungidos o ungidas que van a ir, no a mejorar la institución, sino a convertirla en un espacio político para nombramientos de allegados a los gobernantes de turno.

En otros países, esta institución es denominada con mayor propiedad Procuraduría de los Derechos Humanos porque el regente es, en sí, un verdadero procurador de derechos humanos, que denuncia e investiga violaciones a los derechos y garantías fundamentales.

El nuevo defensor debe ser totalmente independiente del poder y comprometerse públicamente a investigar las denuncias de violaciones al debido proceso, en los casos judiciales de alto y bajo perfil, porque todos los panameños tienen derecho a una “justa justicia”, no una justicia a la carta que es la que se nos sirve diariamente.