Deuda con los adultos mayores

Por Gabriela Arosemena Montenegro

Twitter: @Gabby_Aro

Anteriormente, he tenido la oportunidad de referirme al tema de los adultos mayores con miras a aportar mi granito de arena y sensibilizar a la población, dado que las proyecciones a futuro indican que la población de adultos mayores va en crecida, y Panamá sigue sin un plan en políticas públicas orientadas a mejorar la vida del adulto mayor o siquiera proyectos contribuyan a cultivar una sociedad inclusiva y de respeto para con estas personas.

Muy por el contrario, pareciera que vamos en retroceso cuando se trata del respeto hacia el adulto mayor, basta ver aquel video del joven que sin ningún reparo agrede de una patada en la nuca a un señor que encima tenía una discapacidad, o ver a jubilados pelear por sus derechos y ser reprimidos por los estamentos de seguridad; muestra de que hay un largo camino que recorrer para lograr crear consciencia en cuanto al respeto que se les debe a las personas mayores y que dejen de ser objeto de discriminación.

Por años, el estado panameño ha desatendido la temática de los adultos mayores, en el año 2016 se sanciona la Ley 36 cuyo objeto principal es la protección integral del adulto mayor así como también la creación del Instituto Nacional del Adulto mayor pero hasta la fecha dicha ley no ha sido reglamentada ni hay indicios de la creación del instituto; en esa misma línea existe una deuda con esta población al mantenerse pendiente la firma/ratificación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; instrumento en materia de derecho internacional que busca adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de esta población, erradicar el maltrato y crear conciencia entre las generaciones más jóvenes.

Es hora de que volteemos la mirada a esta población y seamos una sociedad más inclusiva, nuestra humanidad no disminuye con la edad y es mandatorio salvaguardar los derechos humanos de estas personas, desde la esfera pública es hora de implementar el instituto de adulto mayor, así como también el firmar y ratificar la mencionada convención para que funja como punta de lanza para la elaboración de planes y estrategias que tenga como objetivo el goce pleno, inclusión y participación activa de la población adulta mayor en la sociedad.