“EL PAÍS QUE MERECEMOS”

Saludos mis asiduos lectores. No acostumbro a utilizar este espacio semanal para ventilar temas ni casos relacionados a mi persona por el respeto que le debo a cada uno de ustedes, sin embargo,  por tratarse de un asunto muy especial y sobre todo haciendo uso al derecho a la defensa pública, es que tomé la decisión de exponer mi punto de vista luego del fallo emitido la semana pasada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados en el mal llamado caso de la Caja de Ahorros, al no encontrar la comisión de ningún delito.
Ya anteriormente se había publicado el 23 de agosto de 2018 que el Juzgado Décimo Cuarto, a cargo de la jueza, Vilma Urieta,  dictaminó el sobreseimiento definitivo a los 22 investigados por la presunta lesión patrimonial a la Caja de Ahorro, en la modalidad de peculado agravado, que nunca existió y que pese al fallo del Juzgado, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación apeló.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia explicó que para acreditar la conducta de peculado de los investigados en este caso, se debía probar que el préstamo no estaba garantizado, o sea,  que se dispensó la suma de dinero sin el respaldo económico para enfrentar un posible incumplimiento “y esto no se comprobó en el voluminoso expediente contentivo de aproximadamente  40 tomos y  20 mil fojas”, destacó el tribunal.
Si hago una retrospectiva de lo que ha sido este caso de la Caja de Ahorro, vemos que con mucha antelación y en advertencia, varios ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destacados abogados penalistas, miembros del Colegio Nacional de Abogados, analistas políticos y hasta miembros de partidos políticos le habían manifestado al Ministerio Público que no continuara con esta farsa porque en el expediente no se había acreditado la comisión de ningún delito. Incluso la propia Caja de Ahorro, jamás fue querellante y la Superintendencia de Bancos también había expresado en un comunicado que no existía lesión alguna contra la entidad bancaria.
Para el bienestar, regocijo, tranquilidad y salud mía, la de mi familia y amistades, el Segundo Tribunal Superior de Justicia hizo lo que se había pronosticado, un sobreseimiento definitivo, porque su decisión fue basada en derecho, en la ley, en lo que establece el Código Procesal Penal. Pese a nuestra angustia y zozobra por el secuestro de la cual fui objeto, en mi corazón se anidaba un sentimiento de paz y tranquilidad a la misma vez, porque al orar a Dios para que se hiciera una real justicia, sentí esa fe que nadie debe perder. Si creemos y confiamos en Dios, ningún mal puede vencernos. Y es que,  en medio de esa adversidad de mas de 10 meses de encierro injusto, también vi una luz de esperanza que me guió para salir de la oscuridad.
No obstante, hay algo que sí me preocupa de todo lo que está ocurriendo en el sistema de justicia y es que cuando un juez o magistrados toman su decisión o fallo de declarar sobreseimiento de algún caso de alto perfil, inmediatamente sale ante algunos medios de comunicación selectivos la Procuradora Kenia Isolda Porcell a atacar el fallo de los jueces y magistrados. Asimismo, se montan en esa campaña ciertos medios de comunicación con sus tradicionales fuentes o comentarista para atacar a los operadores de justicia, pero siempre y cuando el fallo sea a favor de las personas implicadas, porque cuando el fallo es de carácter condenatorio entonces los argumentos son distintos y empiezan a alabar al juez o magistrado de la causa.
Parece ser que los orquestadores de esta campaña sucia de desprestigio hacia los jueces y magistrados por sus fallos de sobreseimientos, no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la administración de justicia y al país. Aquí no es un asunto de fomentar la impunidad o que no se castigue a quien cometa un delito, esto es un asunto de hacer justicia basados en la ley. Nunca ningún administrador de justicia puede fallar a favor de un delincuente que haya cometido un delito, pero tampoco puede favorecer a un representante del Ministerio Público tratando de ocultar su incapacidad, o peor aún, para complacer  la mentalidad enfermiza de un mandatario que demostró signos de odio y venganza contra sus adversarios.