Falsos profesionales

El intrusismo profesional y el ejercicio ilegal de profesiones que requieren de una habilitación especial, parece que ese esta convirtiendo en el pan nuestro de cada día, a ciencia y paciencia de las autoridades.

Un caso que sin duda resulta paradigmático de la caprichosa velocidad o lentitud de la administración de justicia, lo constituye sin duda el del señor Grimaldo Córdoba, exdiputado suplente panameñista y notorio vocero del ahora presidente Juan Carlos Varela, durante la pasada contienda electoral.

En contraste con los remezones mediáticos a que han sido sometidos exfuncionarios de la anterior administración, el caso de Córdoba transita por las tranquilas aguas de la discreción judicial.

Fue casi por casualidad que se descubrió que este ciudadano -al parecer- no ostenta la calidad profesional que presumía tener: médico con especialidad en pediatría.

El caso es grave, ya que a raíz del descubrimiento, se excavó un poco más y se descubrió que en Panamá operan gran cantidad de sujetos que se hacen pasar por médicos, sobre todo odontólogos, sin tener el título habilitante correspondiente -y en otros casos- sin ni siquiera estudios.

El delito que se le endilga a Córdoba es el de ejercicio ilegal de una profesión, cuya penalidad es de dos a cinco años, y está inserto en el título relativo a los delitos contra la Fe Pública, ya que es la sociedad la afectada por esta conducta punible.

El señor Córdoba posee fuero penal electoral, por lo que la opinión pública espera que esto no sea un obstáculo para que la investigación penal –recta, objetiva y diligente- avance y que tampoco se le proteja por ser miembro del partido gobernante.

La justicia debe ser igual para todos, tanto para el rico como para el pobre, y si se comprueba sin lugar dudas –como parece ser- que el panameñista incurrió en el delito, debe de ser castigado según lo señala el ordenamiento jurídico.