Gobiernos de opinión

En democracias plenamente consolidadas de Europa y América, cuando un alto cargo incurre en un exabrupto, ofrece disculpas y renuncia al cargo que ocupa. Esa es la sanción lógica como resultado de la censura de la opinión pública ante su proceder.

Lo vimos hace algún tiempo, con nuestro vecino Costa Rica, donde el video de una ministra ligera de ropas y en pose seductora, motivó la renuncia de la funcionaria ante la crítica pública.

Por poner otro ejemplo, en Colombia, el defensor del pueblo presentó su renuncia al cargo, luego de que una subalterna lo acusara públicamente de acoso.

Así debe ser en las democracias que se respeten, donde el funcionario entiende que es un servidor público y debe mantener una conducta prístina. De no ser así, está la puerta de la renuncia cuando esa conducta no vaya acorde al cargo que ocupe o sea objeto de críticas ciudadanas.

Empero, en Panamá no ocurre lo mismo. Se ha señalado a la viceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre, de utilizar recursos del Estado, en este caso -sus escoltas y vehículos oficiales- para asuntos muy “particulares”, como lo es pasear diariamente a su mascota Gucci, en horas laborales.

Amén de las consecuencias penales de la utilización de recursos públicos para fines privados, está la avalancha de críticas ciudadanas que han caído sobre la funcionaria.

A estas alturas, ni el presidente de la República, ni el ministro del ramo -superior jerárquico de la funcionaria cuestionada- han dicho nada.

Lo correcto es que Sucre renuncie al cargo de viceministra, se someta a una investigación penal y le ahorre al gobierno panameñista el costo político de conservarla.

En regímenes democráticos, el Gobierno escucha a la opinión pública, basado en el axioma “vox populi vox dei”, pero en Panamá al Gobierno le importa poco lo que opina el pueblo. De importarle, le hubieran pedido la renuncia a Zulema Sucre, por su censurable conducta.